Unos 33.000 trabajadores del transporte de la ciudad de Nueva York comenzaron una huelga y paralizaron el sistema de transporte público más grande del país. La huelga fue anunciada alrededor de las tres de la mañana por el Presidente del Sindicato de Trabajadores del Transporte (TWU, por sus siglas en inglés), Roger Toussaint. Roger Toussaint dijo: “Neoyorquinos, esta es una lucha para que el trabajo duro sea recompensado con una jubilación decente. Esta es una lucha en contra de la erosión o eventual eliminación de la cobertura médica de los trabajadores de Nueva York. Esta es una lucha por la dignidad y el respeto al trabajo, un concepto que es muy ajeno a la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés)”. El gobierno de la ciudad dice que la huelga es ilegal y está recurriendo a los tribunales para que ordenen a los trabajadores que vuelvan a trabajar.

El co-presentador de Democracy Now Juan Gonzalez realizó una cobertura de la noticia anoche:
“Esta mañana, alrededor de las tres de la madrugada, el Directorio Ejecutivo del sindicato finalmente decidió continuar la huelga. Esto sucedió tras varias horas de discusión entre los líderes del sindicato, debido a que habían rechazado la última propuesta de la MTA (Autoridad de Transporte Metropolitano), que aún exigía que los nuevos miembros del sindicato pagaran un plan jubilatorio, un plan jubilatorio inferior. Un plan que aumentaba la edad jubilatoria. Y a pesar del leve aumento salarial en el contrato, la cuestión de crear dos sistemas jubilatorios diferentes fue lo que provocó que el sindicato considerara que debía entrar en huelga. Sin embargo, a último momento, el presidente del Sindicato de Trabajadores del Transporte, Michael O’Brien, se negó a autorizar el paro. Y eso fue en parte lo que provocó la demora. Como central sindical, a último momento le dijo a Roger Toussaint y a 100 trabajadores locales que no podían apoyar o autorizar la huelga. No se opondrían activamente pero no permitirían que el tribunal supiera que no autorizaban la huelga. Fue una situación difícil para Toussaint y para el liderazgo del sindicato. Porque, por un lado, estaban luchando con la MTA. Y por otro, la propia central sindical les dio la espalda a último momento. A pesar de esto, el directorio ejecutivo votó por 25 votos a favor, 10 en contra, y cinco abstenciones para seguir adelante y organizar la primera huelga del sistema de transporte de Estados Unidos en 25 años. Y ahora es una batalla en la que todo el movimiento de trabajadores organizado será puesto a prueba, debido a que Roger Toussaint y el sindicato insisten en que no sólo están luchando para defender las jubilaciones de sus propios integrantes, sino también las de miles y miles de empleados públicos que en el futuro podrían afrontar sistemas jubilatorios de dos escalafones”.

En Washington, documentos que se dieron a conocer recientemente indican que agentes antiterroristas del Buró Federal de Investigaciones (FBI) han estado vigilando a grupos activistas entre los que se encuentran Greenpeace, Catholic Worker (Trabajador Católico), el Comité Árabe-Estadounidense contra la discriminación y PETA (Gente por el Trato Ético a los Animales). Los documentos indican que el FBI controló las manifestaciones organizadas por estos grupos y utilizo informantes confidenciales dentro de las organizaciones para obtener información. En un caso, registros del gobierno muestran que el FBI lanzó una investigación sobre PETA por terrorismo, en Norfolk, Virginia. Según el Washington Post, los documentos no ofrecen pruebas sobre la vinculación de PETA con actividades ilegales. Pero más de 100 páginas de expedientes del FBI severamente censuradas indican que la agencia utilizó informantes secretos y vigiló las actividades de este grupo por años. El FBI también controló actividades políticas en los predios universitarios. Un expediente del FBI contenía una lista de contactos de estudiantes y activistas por la paz que asistieron a una conferencia en la Universidad de Stanford en 2002, con el objetivo de terminar con las sanciones que se aplicaban en aquel entonces a Irak. Esta es la tercera gran revelación que se produjo recientemente sobre espionaje en Estados Unidos. La semana pasada, NBC News reveló que el Pentágono ha estado vigilando a activistas pacíficos en contra de la guerra, y el New York Times expuso como el Presidente Bush ordenó a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) espiar las conversaciones de los ciudadanos estadounidenses sin órdenes aprobadas por el Poder Judicial. Ann Beeson, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por su siglas en inglés) dijo: “Esta claro que este gobierno utilizó todas las agencias posibles, desde el Pentágono hasta la NSA y el FBI, para espiar a los ciudadanos estadounidenses”.

El lunes, el Presidente Bush realizó una conferencia de prensa y defendió el programa de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional, pero criticó a las fuentes del gobierno por hablar con la prensa. Presidente Bush: “Hay un proceso que transcurre dentro del Departamento de Justicia con respecto a las filtraciones, y creo que ese proceso está avanzando. Mi opinión personal es que es un acto vergonzoso que alguien revele este programa tan importante en tiempos de guerra. El hecho de que estemos hablando de este programa ayuda al enemigo”. El Presidente Bush llegó muy lejos en su intento de impedir la publicación de la noticia. El New York Times reveló la existencia del programa secreto hace un año, pero no publicó la noticia a pedido de la Casa Blanca. Newsweek ahora informa que Bush luego citó personalmente al editor del periódico Arthur Sulzberger y al editor ejecutivo Bill Keller a la Oficina Oval, hace dos semanas, en un intento por disuadirlos de publicar la noticia. El gobierno de Bush ha defendido el programa secreto en numerosas ocasiones. El Fiscal General Alberto González dijo que el Congreso autorizó el programa en forma tácita al votar para permitir que el presidente Bush utilizara la fuerza tras los atentados del 11 de septiembre. Sin embargo, juristas dicen que Bush infringió la ley al ordenar la operación de espionaje sin una orden aprobada por un tribunal.