Un informe confidencial del ejército contiene detalles gráficos de abusos generalizados a detenidos en Afganistán en 2002 por soldados estadounidenses. Los documentos, obtenidos del diario New York Times, demuestran que el maltrato de algunos interrogadores era una práctica diaria y que los guardias podían golpear a los detenidos encadenados prácticamente con impunidad. El diario informó que los abusos fueron cometidos para extraer información, como forma de castigo o como consecuencia del “aburrimiento o la crueldad”. El informe está centrado en la muerte de dos prisioneros, uno de ellos un taxista que murió en Bagram en diciembre de 2002. Según el informe, el prisionero permaneció con las manos encadenadas a la parte superior de la celda durante varios días antes de morir y sus piernas fueron golpeadas insistentemente por los guardias. La investigación recomendó el año pasado que se presenten cargos contra 27 soldados que habrían participado del abuso. Tan solo 7 fueron acusados hasta el momento, incluyendo cuatro la semana pasada, aunque ninguno ha sido condenado por las dos muertes.

El sospechoso terrorista cubano Luis Posada Carriles fue acusado ayer de haber ingresado en forma ilegal a Estados Unidos y deberá comparecer en una audiencia de inmigración el 13 de junio. Sin embargo, Estados Unidos aclaró que no tiene intenciones de extraditar a Carriles a Venezuela, donde enfrenta cargos por terrorismo. Venezuela exigió oficialmente a Estados Unidos que lo entregara por su vinculación a la explosión de un avión de la aerolínea Cubana, donde 73 personas murieron, incluyendo todo el equipo cubano de esgrima.

Minutos después de presentados los cargos contra Carriles ayer, el presidente venezolano Hugo Chávez criticó a Washington por haberlo acusado solamente de inmigración ilegal y expresó que no extraditarlo implicaría refugiar a un terrorista. Chávez acusó a Washington de “montar un espectáculo” con el arresto de Carriles. En un discurso televisivo en Venezuela, Chávez indicó que “la CIA sabía que los señores de la muerte pondrían la bomba en el avión cubano”. Carriles mantiene la ciudadanía venezolana y se especula que la explosión fue planificada en Caracas. Chávez se refirió a un documento revelado por la oficina de inteligencia del Departamento de Estado, publicado el miércoles, donde se afirma que un informante sostuvo que Posada habría dicho semanas antes de la explosión “volaremos un avión cubano.” Otro documento revelado de la CIA señalaba que la agencia tenía datos de un informante de junio de 1976 y que un grupo encabezado por el socio de Posada, Orlando Bosch planificó “colocar una bomba en un vuelo de la aerolínea Cubana de Panamá a la Habana”. Chávez también aclaró que Venezuela no entregaría a Carriles a Cuba si Estados Unidos cumple con sus obligaciones. Estados Unidos ha expresado que no extraditará a Carriles a un país que “opera en nombre de Cuba” . Algunos analistas consideran que Estados Unidos podría trasladar a Carriles, de 77 años de edad, a un país centroamericano de régimen pro-estadounidense.

20 congresistas exigieron al presidente Bush que negara asilo político a Carriles y que lo extraditara a Caracas. En la carta, los miembros del Congreso hicieron referencia a las declaraciones de Bush de agosto de 2003 cuando dijo que cualquiera que refugie, apoye o promueva el terrorismo es tan culpable como el propio terrorista. La carta también menciona la supuesta relación de Carriles con el asesinato del ex Ministro de Relaciones Exteriores chileno Orlando Letelier y su asistente estadounidense Ronnie Moffit el 21 de septiembre de 1976, en un coche bomba en Washington DC. Algunos de los congresistas que firmaron la carta fueron Dennis Kucinich, José Serrano, Maxine Waters y Barbara Lee.

Naciones Unidas expresó que el presidente de Uzbekistán Islam Karimov rechazó los pedidos internacionales para que se investigue la sangrienta represión en la localidad de Andijan la semana pasada. Grupos de derechos humanos indican que unas 1.000 personas habrían muerto, mientras que el gobierno sostiene que solamente murieron algo más de 150.

Más de 5.000 partidarios del presidente destituido Jean-Bertrand Aristide, marcharon esta semana en Puerto Príncipe, Haití, solicitando su regreso del exilio en Sudáfrica. Se trasmitieron discursos de Aristide a través de altoparlantes y los manifestantes portaron banderas con calcomanías en apoyo al ex-presidente. Coreaban “Aristide se fue y volvió, y ahora volverá”, en referencia al golpe de estado militar que lo derrocó en 1991 y a su regreso al poder en 1994.

Mientras tanto, grupos de activistas estadounidenses organizaron guardias de emergencia en un esfuerzo por salvar la vida del Primer Ministro destituido Yvon Neptune, que se encuentra en prisión. Neptune ingresó en el segundo mes de huelga de hambre y se dice que su condición es crítica. Tras una serie de reuniones con Neptune y con funcionarios del gobierno, el Congresista demócrata de Florida, Kendrick Meek, propuso que Neptune compareciera ante un juez para enfrentar las acusaciones levantadas en su contra por el gobierno instalado por Estados Unidos. Neptune y sus seguidores exigieron su liberación inmediata. Neptune fue elegido en forma democrática y arrestado luego que el gobierno de Aristide fuera derrocado.

Ahora pasamos al caso del profesor universitario que se encuentra en prisión, Sami al Arian. Un nuevo jurado fue designado ayer para la audiencia de su juicio federal, por los cargos de haber ayudado a terroristas palestinos. Sin embargo, sus abogados expresaron que continuarán su lucha por un cambio de tribunal, fuera de Tampa. Al-Arian es un ex profesor de la Universidad del Sur de Florida que enfrenta, junto a tres co-demandados, un juicio por 53 acusaciones, entre ellas cargos por fraude, conspiración y por brindar apoyo material a terroristas. Otros cinco hombres fueron acusados pero no están detenidos. Los fiscales alegan que los hombres utilizaron un grupo islámico de investigación académica (think tank) y una asociación de caridad fundada por Al-Arian, para financiar la Jihad Islámico Palestina, que figura en la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado. El grupo es acusado de haber provocado más de 100 muertes en Israel, en la Ribera Occidental y la Franja de Gaza. Mientras tanto, el gobierno estadounidense planea trasladar a más de 100 israelíes a Florida para que testifiquen contra Arian. Haaretz informó esta semana que entre los testigos Israelíes se encuentran sobrevivientes de los ataques, familiares de víctimas, investigadores policiales, paramédicos e investigadores forenses. El juicio fue fijado para el 6 de junio en Tampa.

Una mujer musulmana que adquirió un ejemplar del Corán a través de Amazon.com denunció que el libro sagrado que le entregaron tenía en su tapa inscripciones blasfemas e insultos religiosos. Azza Basarudin afirmó que recibió el Corán por correo el 5 de mayo, luego de haberlo pedido en la sección de libros usados de Amazon.com, donde los clientes realizan pedidos directos de terceros vendedores aprobados por la compañía. Cuando abrió el Corán, dijo que encontró blasfemias y la frase “Muerte a todos los musulmanes” escrito con marcador negro en la primera página. Basarudin se especializó en estudios de género en la Universidad de Los Angeles (UCLA). Expresó haber experimentado un miedo similar al que sintió luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre, cuando su hermana y su madre fueron víctimas de insultos a los musulmanes. La tienda que vendió el libro, Bellwether Books, envió una disculpa a Basarudin por correo electrónico y le ofreció cambiarle el libro. Amazon.com también se disculpó y le devolvió el costo del Corán, además de enviarle una constancia de que se trataba de un regalo. Varios grupos de derechos civiles han solicitado una investigación.

El ex dictador chileno, General Augusto Pinochet, fue hospitalizado en Chile luego de haber sufrido un supuesto infarto de gravedad. Esta información surge de declaraciones de funcionarios del Hospital Militar de Santiago. Pinochet, de 89 años de edad, está acusado por miles de muertes, desapariciones y violaciones de derechos humanos durante el régimen militar entre 1973 y 1990. Los tribunales utilizaron la excusa de su salud en dos oportunidades para bloquear el juicio, mientras que activistas de derechos humanos lo acusan de exagerar su enfermedad para evitar que avance el juicio.

Un nuevo estudio publicado esta semana descubrió que los hijos de familias militares tienen el doble de probabilidades que otros niños de morir por graves abusos. Especialistas en pediatría que dirigieron la investigación exhortan a los funcionarios del Pentágono para que investiguen las causas de esto. El estudio fue realizado en el Instituto de Defensa del Niño de Carolina del Norte y presentado en la asamblea anual de Sociedades Académicas de Pediatría, en Washington, DC.

Fuerzas militares estadounidenses suspendieron hoy el reclutamiento de soldados, para proporcionarle entrenamiento adicional a los reclutadores, luego de una serie de escándalos recientes. En los últimos meses, los reclutadores han estado expuestos por pedirle a adolescentes que mintieran a sus padres, por hacer que reclutas engañen al sistema de testeo de drogas, por mentirle a los reclutas acerca de los riesgos que enfrentarán en Irak. Un reclutador del área de Houston fue grabado mientras amenazaba con prisión a un recluta en caso de no concurrir a una entrevista. Las fuerzas militares estadounidenses atraviesan la mayor crisis de reclutamiento en su historia.