El New York Times informa que investigadores de la Corporación para la Difusión Pública (CPB por sus siglas en inglés) están investigando pagos por más de 14.000 dólares a un individuo contratado para compilar información sobre opiniones y antecedentes políticos de los invitados del programa NOW, de PBS, conducido por Bill Moyers.
El diario señala que el presidente republicano de la corporación, Kenneth Tomlinson, hizo algo inusual al firmar dichos contratos. Un Inspector General está revisando contratos firmados entre Tomlinson y un hombre llamado Fred Mann para monitorear las inclinaciones políticas de “Now.” Mann figura en estos acuerdos como residente en Indianápolis, mientras que funcionarios de la corporación declararon no saber nada de él. La investigación fue solicitada por los diputados demócratas John Dingell de Michigan y David Obey de Wisconsin, luego de tomar conocimiento sobre el monitoreo. El Inspector General también investiga pagos por 15.000 dólares realizados el año pasado a dos lobbistas republicanos, los cuales no fueron informados al directorio de la corporación. El Times revela que uno de los lobbistas fue detenido por orden de Tomlinson y el otro por sugerencia de su predecesor republicano, quien aún permanece en el directorio.

Hoy en el Capitolio, el diputado John Conyers convoca una audiencia pública sobre las Actas de Downing Street y otros documentos británicos recientemente publicados que, según él, confirman que el gobierno de Bush manipuló información para justificar la invasión y ocupación de Irak. Algunos de los declarantes son el ex embajador estadounidense en Irak, Joe Wilson y el durante años analista de la CIA, Ray McGovern. Conyers afirma que todas las grandes cadenas de noticias estarán presentes, a excepción de FOX News. Inmediatamente después de la audiencia, habrá una concentración masiva frente a la Casa Blanca, donde Conyers presentará una solicitud firmada por más de medio millón de personas para exigir al presidente Bush que responda preguntas acerca de los documentos.

En medio de las crecientes demandas del cierre de la prisión de Guantánamo, la Comisión Judicial del Senado recomendó ayer que el Congreso interviniera para resolver el destino de los más de 500 prisioneros. En una acalorada audiencia el miercoles, los legisladores discutieron entre ellos y con los funcionarios del Departamento de Justicia, quienes afirmaron que Washington podía tener prisioneros por el resto de sus vidas si así lo deseaba. El senador republicano de Alabama, Jeff Sessions. sostuvo que algunos de los prisioneros “deben ser ejecutados”, mientras que el demócrata Patrick Leahy de Vermont calificó a la prisión de una “vergüenza internacional”.

“Seamos realistas. Estas personas han estado encerradas durante tres años, sin perspectivas de que esto se termine y sin un proceso que nos saque de esto. Bahía de Guantánamo está provocando un daño incalculable a nuestra reputación como defensores de la democracia y como referentes de los derechos humanos en el mundo. Estoy orgulloso de lo que nuestro país ha logrado. Quiero que seamos ese referente que ilumina el camino de los derechos humanos. Pero no lo seremos con Guantánamo.”

Mientras tanto, Dick Durbin, el segundo líder demócrata del Senado, se expuso a críticas a raíz de los comentarios que realizó a principios de semana. Durbin fustigó duramente la conducta de las fuerzas estadounidenses en Guantánamo y citó el informe de un agente del FBI que describe cómo los prisioneros son encadenados, sin alimento y agua, y expuestos a temperaturas extremas. Afirmó que “si yo leyera esto y no les dijera que lo escribió un agente del FBI describiendo lo que los estadounidenses han hecho a los prisioneros que controlan, ustedes seguramente creerían que esto fue una acción de los nazis, de soviets en los gulags, o de un régimen irracional, como el de Pol Pot, que no tenían consideración por los seres humanos”. Los republicanos le pidieron al senador que se disculpara por sus comentarios, pero Durbin publicó anoche una declaración afirmando que, “este gobierno debería disculparse con el pueblo estadounidense por abandonar la Convención de Ginebra y por autorizar técnicas de tortura que ponen a nuestros soldados en peligro y le quitan seguridad a los estadounidenses”.

ABC News informa que las técnicas interrogatorias utilizadas en Guantánamo en 2002 generaron preocupación entre funcionarios de alta jerarquía del Pentágono, ante posibles acusaciones penales en virtud de las leyes estadounidenses contra la tortura.
ABC accedió notas de una serie de reuniones en el Pentágono, a principios de 2003, que demuestran que Alberto Mora, Consejero Legal General de la Armada, advirtió a sus superiores que podrían estar violando normativas legales. Durante una reunión en enero de 2003, que involucra al abogado jefe del Pentágono William Haynes y otros funcionarios, el documento muestra que Mora advirtió que “el uso de técnicas coercitivas…tiene implicancias militares, legales y políticas…tiene implicancias internacionales…y nos expone a responsabilidad jurídica y acusaciones penales”. Si bien se conocía la preocupación de Mora sobre los interrogatorios en Guantánamo, no así su advertencia de que funcionarios de alta jerarquía podrían ir a prisión. En otra reunión realizada el 8 de marzo de 2003, el grupo de los principales abogados del Pentágono concluyó que “necesitamos una carta del presidente que apruebe la utilización del polémico interrogatorio, para cubrir así quienes lo utilicen”. La carta nunca fue escrita.

La Cámara de Representantes votó el miércoles para bloquear la utilización del Departamento de Justicia y del FBI de la ley Patriota para obtener registros de bibliotecas y de venta de librerías. La votación revirtió el resultado del año pasado, no alcanzado por pocos votos. De todos modos, aún permite que el gobierno mantenga la búsqueda de registros del uso de Internet en las bibliotecas. Treinta y ocho republicanos acompañaron el voto de los demócratas, aunque el presidente Bush amenazó con vetar cualquier proyecto de ley que impida al gobierno revisar los registros de bibliotecas y librerías. Muchos bibliotecarios se opusieron al gobierno al deshacerse rápidamente de registros para proteger la privacidad de la gente.

Mientras tanto, el Fiscal General de Estados Unidos, Alberto Gonzales, anunció ayer que Washington estuvo de acuerdo en demorar los planes de exigir a 27 países que coloquen chips en sus pasaportes como requisito previo al ingreso sin visa de sus ciudadanos a Estados Unidos. Washington había dicho que todos los pasaportes de la Unión Europea emitidos con posterioridad al 26 de octubre deben incluir elementos de seguridad biométricos, huellas dactilares y examen de iris en un microchip. De lo contrario sería necesario contar con visa para ingresar a Estados Unidos. Gonzales realizó el anuncio en Europa, donde asistirá a la reunión de ministros del G8, aunque no aclaró cuánto tiempo adicional se les dará a los países.

El gobierno venezolano solicitó formalmente la extradición del militante cubano, Luis Posada Carriles por su supuesta participación en la explosión de un avión, que mató a 73 personas. en 1976. Posada fue arrestado el mes pasado en Miami y desde entonces permanece en un centro de detención estadounidense en El Paso, Texas, enfrentando cargos de inmigración ilegal. En la audiencia del lunes, su abogado solicitó que el caso fuera transferido a Florida. Por otra parte, Venezuela pide que la solicitud de extradición prevalezca sobre los cargos de inmigración.

La agencia de noticias Reuters informó que el Ministro de Justicia de Haití, Bernard Gousse, quien no fue designado democráticamente, presentará su renuncia esta semana. Este anuncio se realiza en medio del creciente descontento ante el encarcelamiento del Primer Ministro electo democráticamente, Yvon Neptune, quien ha estado preso durante casi un año.

El New York Times informa que la Asociación Nacional Para el Progreso de la Gente de Color (NAACP) se prepara para designar a un ejecutivo jubilado de Verizon como el nuevo jefe de la organización. Es la primera vez en décadas que la mayor organización de derechos civiles no designa a un político o ministro. Bruce Gordon sucederá a Kweisi Mfume como presidente y jefe ejecutivo, luego de un anuncio oficial programado para fines de este mes.

Los presidentes de cinco de los más importantes sindicatos, que representan casi un tercio de los trabajadores estadounidenses, formaron una nueva coalición. Esta maniobra es considerada como una señal de alejamiento de la poderosa Federación Estadounidense del Trabajo-Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO). Cuatro de los cinco líderes sindicales han planteado la posibilidad de abandonar ese órgano. El grupo incluye algunos de los sindicatos más fuertes y representa a 5 millones de trabajadores.

La Cámara de Representantes votó ayer contra una enmienda que hubiera puesto una moratoria de un año a los arrestos federales contra pacientes que utilizan la marihuana con fines terapéuticos. A pesar de que la medida fue rechazada, los defensores del uso medicinal de la marihuana señalaron que un número récord de 161 congresistas votaron para detener el arresto de pacientes que utilizan la marihuana con fines terapéuticos. El tema alcanzó su puntó álgido la semana pasada, cuando la Suprema Corte de Estados Unidos decidió, por 6 votos contra 3, que el gobierno federal tiene autoridad constitucional para arrestar pacientes que utilizan marihuana con fines médicos, incluso en estados donde su uso médico está permitido.