Titulares09 de junio de 2005

Continúa la tensión en Bolivia, el país más pobre de América Latina, y algunos temen que la situación derive rápidamente en un derramamiento de sangre o en una guerra civil. El Congreso boliviano intentará hoy sesionar para decidir quién gobernará tras la renuncia del presidente Carlos Mesa a principios de esta semana. Mesa abandonó el poder en medio de protestas masivas dirigidas por grupos que representan a la mayoría de la población indígena del país. Las protestas bloquearon grandes zonas del territorio nacional, incluyendo su capital política. La situación allí es tan volátil que el Congreso no logró reunirse, por lo cual los legisladores se dirigen hoy hacia Sucre, la capital histórica, para realizar sesiones de emergencia. El presidente saliente advirtió que el país podría estar al borde de la guerra civil. En una maniobra inusual, Mesa pidió públicamente al presidente del Senado boliviano, de derecha, que renuncie a su derecho constitucional de sucederlo. El político, Hormando Vaca Diez, dejó en claro que no pretende hacerlo y advirtió que si los manifestantes se oponen, podría haber derramamiento de sangre. Vaca Diez sugirió además que podría decretar el estado de sitio. En una declaración que preocupó a los analistas bolivianos, expresó que “estoy absolutamente convencido de que las fuerzas armadas nos apoyarán”.

Mientras tanto, el experiente analista Jim Shultz del Centro para la Democracia de Cochabamba informó que la embajada estadounidense mantiene conversaciones con Vaca Diez, contribuyendo a allanar el camino para que asuma la presidencia. Por otra parte, informó que antes de la renuncia de Mesa, se reunió con el embajador de Estados Unidos. Shultz indicó que “Vaca Diez es un aliado cercano del criticado ex presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada. Proviene de Santa Cruz, una región cuya reivindicación de autonomía contribuyó a que se desate la crisis. Vaca Diez se opone a la nacionalización del gas y el petróleo. Ya exhortó a Mesa para que gobierne utilizando las fuerzas militares para reprimir las protestas”.

Mientras tanto, grupos indígenas, sindicatos, trabajadores agrícolas y otros grupos que se lanzaron a las calles de Bolivia, prometieron resistirse a Vaca Diez y oponer “resistencia civil” a la policía y el ejército, en caso que el gobierno imponga el estado de sitio. Escuchamos a uno de los principales líderes de la oposición, el congresista Evo Morales.

“Si Hormando Vaca Diez asume la presidencia, en lugar de rechazar la sucesión constitucional, convocaremos a la resistencia unida y organizada contra el gobierno de Hormando Vaca Diez que solamente servirá a los intereses de las trasnacionales. Llamaremos a la desobediencia civil para exigir el respeto hacia Bolivia.”

Escuchábamos al líder de la oposición de Bolivia, Evo Morales, quien ha pedido la realización de elecciones anticipadas. Mientras el futuro del país permanece en vilo, continúan las protestas. Unos 26 mineros resultaron heridos por disparos de la policía y el alcalde de La Paz, Juan de Granado, anunció ayer que comenzaría una huelga de hambre como medida de protesta contra Vaca Diez. El alcalde habló ayer con al prensa:

“Somos más de 20 representantes de organizaciones de La Paz que comenzamos una huelga de hambre y llamamos a los residentes de la capital a que se solidaricen con nosotros. Decimos que Hormando Vaca Diez no puede ser Presidente de la República, porque representa la vieja forma de pensar y los bolivianos exigimos un cambio, una renovación y una transformación.”

Escuchábamos al alcalde de La Paz, Juan del Granado. La actual crisis en Bolivia se desató a partir de la resistencia popular al control extranjero de los recursos energéticos del país. Según datos del Departamento de Energía de Estados Unidos, las reservas de gas natural en Bolivia ascienden a 1,4 billones de metros cúbicos, es decir la segunda mayor reserva en América del Sur después de Venezuela. Veintiséis compañías de gas y petróleo tienen 70 licencias para operar en Bolivia. Si bien el control de los recursos naturales es el eje de las protestas callejeras, no es el único tema. En el centro del debate están también los derechos de las comunidades indígenas, que reclaman no solo la nacionalización de los recursos, sino también una democratización del gobierno que ponga fin a su exclusión.

Ahora pasamos al documento de Downing Street. La visita esta semana a Washington del primer ministro británico, Tony Blair, suscitó una investigación del Congreso donde queda en evidencia que el gobierno de Bush habría deliberadamente engañado al Congreso y a la ONU los meses anteriores a la invasión y ocupación de Irak. El denominado “memorándum” incluye las actas de una reunión de los máximos consejeros de Tony Blair realizada en julio de 2002 en las cuales queda claro que los funcionarios estadounidenses le dijeron que la guerra era inevitable y que Estados Unidos estaba aumentando sus ataques contra Irak, prácticamente comenzando una guerra aérea, meses antes de que la ONU o el Congreso voten el tema. A principios de esta semana, se le preguntó a Bush sobre el tema, a pesar que el memorándum fue publicado hace más de un mes por el Sunday Times de Londres. A continuación escuchamos a Bush, durante la conferencia de prensa que realizó Tony Blair el martes.

“Bueno, leí las caracterizaciones del memorándum, especialmente cuando “largaron” el documento en medio de su campaña. No estoy seguro a quién se refieren con “largaron”, pero tampoco estoy sugiriendo que todos lo hicieron. (RISAS) Y alguien dijo, “decidimos utilizar la fuerza militar para enfrentar a Saddam”. Nada más alejado de la verdad. Mis conversaciones con el primer ministro se trataron de cómo hacer esto pacíficamente. Y esta reunión, evidentemente se llevó a cabo en Londres, sucedió incluso antes de que recurriéramos a las Naciones Unidas, o de que yo recurriera a las Naciones Unidas. Y en definitiva, ninguno de nosotros quería utilizar la fuerza militar.”

Escuchábamos las declaraciones del presidente Bush el martes. Ted Kennedy fue el primer senador en elevar ayer al Senado el tema del Memorándum de Downing Street. Kennedy expresó que “los contenidos de las Actas de Downing Street confirman que el gobierno de Bush estaba decidido a comenzar la guerra con Irak, sin importar si había una justificación creíble para hacerlo. El gobierno distorsionó y tergiversó información en su intento de vincular a Saddam Hussein con los terroristas del 11 de septiembre, Osama bin Laden y con las armas de destrucción masiva que Irak no tenía”. Agregó que “las Actas de Downing Street confirman lo que hace tiempo es evidente, que la guerra estuvo relacionado con las elecciones del Congreso de 2002 y que los planes del gobierno luego de la guerra de Irak eran inadecuados en todos sus aspectos. La permanente crisis que atravesamos es una consecuencia directa de esa incompetencia”. Mientras tanto, un portavoz de otro senador de Massachusetts, John Kerry, también se refirió al tema. En una declaración al diario Boston Phoenix, Setti Warren expresó que, “el senador Kerry considera que todos los estadounidenses merecen una explicación detallada del memorándum de Downing Street. El gobierno y los republicanos de Washington que controlan el Congreso insultan a los estadounidenses al negarse a responder las preguntas más elementales que surgen del memorándum sobre la inteligencia antes de la guerra y la planificación de las consecuencias de la guerra. Eso es inaceptable, en especial cuando se trata de las vidas de los hijos e hijas de Estados Unidos. John Kerry exigió respuestas en el Senado.”

El Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, informó ayer al Consejo de Seguridad que muchos de los seis mil prisioneros detenidos por las fuerzas estadounidenses en Irak sufren violaciones a lo establecido en las Convenciones de Ginebra. Una parte del informe de Annan señala que “el derecho internacional prohíbe la reclusión prolongada sin acceso a abogados y tribunales, incluso en los estados de emergencia”.

Mientras que la Cuarta Convención de Ginebra permite que las fuerzas de la ocupación detengan a individuos, no hay ninguna disposición que permita la internación luego de que la ocupación finalizó oficialmente.

Las fuerzas rebeldes de Irak mataron a cuatro soldados estadounidenses ayer en incidentes aislados. En Afganistán, las fuerzas Talibán se atribuyeron la muerte de dos soldados estadounidenses y de haber herido a otros ocho. El ataque, que utilizó morteros para disparar a un helicóptero estacionado, fue el primero de esas características en tres años. Metas de reclutamiento frustradas

Las fuerzas militares estadounidenses no alcanzaron las metas de reclutamiento por cuarto mes consecutivo. Aunque el ejército disminuyó sus objetivos de reclutamiento, no logró alcanzarlo por un 25%. Por otra parte, el número de divorcios entre los oficiales del Ejército casi se triplicó entre 2002 y 2004.

Regresó a Haití una de las principales figuras en el derrocamiento del presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide en febrero de 2004. El secretario adjunto de Estados Unidos para asuntos del Hemisferio Occidental, Roger Noriega, estuvo en Haití en una visita de 24 horas. El embajador estadounidense James Foley señaló que Washington está trabajando en un plan que permitirá a Haití comprar más armas. Agregó que Estados Unidos está buscando formas de trabajar en el embargo de armas que lleva 14 años impuesto a Haití por Estados Unidos. Grupos de derechos humanos criticaron duramente la maniobra diciendo que la policía de Haití y el ejército reconstituido realizaron ejecuciones sumarias y otras formas de violencia contra los partidarios de Aristide. Durante su mandato, Aristide desbancó las fuerzas armadas haitianas que, según dijo, se habían transformado en escuadrones de la muerte.

Las fuerzas de seguridad etíopes dispararon y mataron ayer al menos 22 personas durante protestas que acusaban al partido de gobierno de fraude en las elecciones del mes pasado. Taxistas y comerciantes realizaron un paro ayer, uniéndose a la protesta iniciada el lunes por estudiantes.

El senado confirmó ayer a Janice Brown en el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos. Las maniobras obstruccionistas a nivel judicial, conocidas como filibusterismo, terminaron en una transacción a fines del mes pasado, que le dio a los candidatos de Bush el pasaje a través del Senado.