Titulares04 de agosto de 2005

El Pentágono toma medidas tendientes a reanudar la producción de minas terrestres antipersonales por primera vez desde la firma del tratado internacional para prohibirlas, en 1997 , según un informe de Human Rights Watch. De acuerdo con ese informe, ya se decidió destinar 1.300 millones de dólares a dos nuevos sistemas de minas terrestres. La última vez que Estados Unidos utilizó minas terrestres antipersonales fue durante la guerra del Golfo de 1991, cuando esparció 100.000 de esos artefactos en Irak desde aviones. En 1997, 145 países suscribieron el tratado internacional de prohibición del empleo, la producción, la exportación y el almacenamiento de minas terrestres antipersonales. Estados Unidos nunca suscribió ese tratado, pero suspendió la producción de este tipo de minas en 1997. Según Human Rights Watch, las minas terrestres aún matan o dejan lisiadas a unas 500 personas por semana, en su mayoría civiles.

En Gran Bretaña, archivos descubiertos hace poco muestran que el gobierno ayudó en secreto a que Israel desarrollara su programa de armas nucleares hace casi 50 años. La operación fue tan secreta que Estados Unidos recién se ha enterado de su existencia. Según surge de los documentos, Gran Bretaña, con ayuda de Noruega, vendió a Israel 20 toneladas de lo que se conoce como “agua pesada”, elemento clave para la producción de armas nucleares.

En Irak, funcionarios del Pentágono concluyeron que una bomba de alto poder fue la causa de que murieran 14 infantes de marina el miércoles, en la ciudad occidental de Hadita. Los soldados viajaban en un vehículo anfibio blindado de transporte de tropas, que no fue diseñado para soportar ese tipo de ataques. Fue el atentado más cruento en una carretera desde el comienzo de la guerra, y ataques similares han matado a por lo menos 31 militares estadounidenses en las últimas dos semanas. Según la agencia de noticias Knight Ridder, las bombas mataron más efectivos de las fuerzas de ocupación en julio que en cualquier mes anterior de la guerra. Funcionarios estadounidenses admitieron el miércoles que actualmente las tropas son atacadas con explosivos más poderosos y eficaces. Los 14 muertos en Hadita integraban el Tercer Batallón de la Vigésimoquinta División del cuerpo de infantes de marina de Brook Park, Ohio. Otros seis miembros de ese batallón murieron el lunes.

El presidente Bush dijo el miércoles que no establecería una fecha para la retirada de las tropas estadounidenses de Irak. “Constantemente escucho: 'Y entonces…¿Cuándo regresan a casa las tropas?' y mi respuesta es: 'Cuanto antes, pero luego de haber cumplido la misión'”, afirmó.

En otra noticia relacionada con Irak, el diario británico The Independent informa que la defensa de Saddam Hussein anunció un boicot al tribunal de crímenes de guerra que lo juzga, con el argumento de que el ex presidente iraquí fue atacado durante una audiencia. El abogado de Saddam Hussein, Khalil Dulaimi, afirmó que hace poco un juez agredió físicamente a su cliente. El ejército estadounidense, que vigila al ex presidente iraquí, afirma que dicho ataque nunca ocurrió.

El Departamento de Estado emitió una advertencia actualizada a los ciudadanos de Estados Unidos acerca de viajar al extranjero, en parte debido a la guerra de Irak. El aviso señala que “Los hechos acaecidos en Irak han dado lugar a manifestaciones de protesta y violencia organizada en varios países” y que “es de esperar que ese tipo de incidentes continúe en el futuro cercano.”

Amnistía Internacional pide al gobierno de Bush que revele la ubicación de las cárceles secretas que estableció en todo el mundo tras los atentados del 11 de septiembre. El reclamo surge luego de que dos hombres yemeníes denunciaron públicamente que habían sido detenidos durante más de 18 meses en cárceles subterráneas secretas de Estados Unidos. Los dos fueron arrestados por separado, uno en Jordania y el otro en Indonesia, pero las historias de ambos son casi idénticas, con un período de cárcel en Jordania, torturas, traslado en avión a una cárcel subterránea no identificada, aislamiento durante por lo menos seis meses, y luego traslado a otra cárcel subterránea. Sharon Critoph, de Amnistía, manifestó: “Hacer 'desaparecer' a alguien de la faz de la tierra, sin que sepa por qué ni por cuánto tiempo, es un delito según el derecho internacional, y nadie debería ser víctima de esa práctica”. “Tememos que los testimonios de estas dos personas muestren sólo una pequeña parte de de la política de detenciones clandestinas que aplica Estados Unidos en el mundo”.

Un artículo publicado en la revista Vanity Fair sostiene que es posible que turco-estadounidenses hayan intentado sobornar a un grupo de legisladores de Estados Unidos, entre ellos al portavoz republicano de la Cámara de Representantes, Dennis Hastert. La acusación fue publicada en una extensa nota acerca de un informante del FBI llamada Sibel Edmonds. Según la revista, Edmonds ayudaba al FBI a traducir cintas en una investigación sobre ciudadanos turcos, pero fue separada de su cargo luego de expresar su rechazo ante la corrupción que veía en la agencia. La informante tiene orden federal de no hablar públicamente sobre el contenido de las cintas que escuchó, pero según fuentes de Vanity Fair, el testimonio de Edmonds indica que ella escuchó llamadas telefónicas de individuos que se jactaban de mantener relaciones encubiertas con el portavoz Hastert. De acuerdo con esas versiones, intereses turcos habrían entregado al legislador republicano decenas de miles de dólares en pequeñas donaciones, mientras la Cámara de Representantes discutía un proyecto de condena del genocidio de armenios cometido por el gobierno turco en 1915. Hastert apoyó al principio ese proyecto, pero más tarde le quitó su apoyo minutos antes de se votara. La oficina de Hastert negó que el legislador haya recibido sobornos, y Vanity Fair informó que no hay pruebas de que ese haya ocurrido. Edmonds demandó al gobierno por su despido, pero las autoridades alegan que el juicio no debe realizarse porque revelaría secretos de Estado.

La Unión de Libertades Civiles de Nueva York presentará una demanda hoy contra una nueva política aplicada por el gobierno de la ciudad de Nueva York, que inspecciona bolsas de mano de pasajeros del metro. Según la organización “es casi seguro” que esas inspecciones no servirán para atrapar a personas que intenten introducir explosivos en el metro, ni para prevenir intentos de ese tipo”. El grupo ha registrado quejas de personas que dicen haber sido seleccionadas para la inspección con base en un criterio “discriminatorio y arbitrario”, y señala que eso crea la posibilidad de actos racistas. Algunos funcionarios de la ciudad de Nueva York exhortan a la policía a buscar individuos con rasgos árabes. Por ejemplo, el Concejal republicano James Oddo dijo: “Es evidente que los jóvenes fundamentalistas árabes son quienes están llevando a cabo los actos de terrorismo.”

Un piloto de la aerolínea nacional indonesia Garuda fue acusado de colaborar con el asesinato del activista por los derechos humanos Munir, en septiembre del año pasado. Munir murió envenenado a bordo de un vuelo internacional. Una investigación independiente halló indicios de que la agencia de inteligencia de Indonesia estuvo implicada en ese homicidio.

En Florida, un hombre de 67 años de edad fue liberado luego de pasar 26 años en prisión, porque un juez llegó a la conclusión de que no había pruebas suficientes para condenarlo. Luis Díaz fue exonerado de cargos de violación luego de que nuevas pruebas de ADN pusieron en duda su culpabilidad. Díaz dijo que su tiempo en la cárcel “me robó parte de mi vida”.