Los fiscales federales decidieron que Karl Rove, el principal asesor del Presidente Bush, no sería acusado de ningún crimen con relación a la revelación de que Valerie Plame era una agente encubierta de la CIA. El fiscal Patrick Fitzgerald aún no ha hecho ninguna declaración oficial, pero el abogado de Rove dice que Fitzgerald le anunció la decisión el lunes mediante una carta dirigida a él. Rove había sido el centro de la investigación durante más de dos años, y había sido obligado a declarar en cinco ocasiones ante un gran jurado federal sobre su participación en la revelación de la identidad de Plame, quien es la esposa de Joseph Wilson, el embajador crítico de la guerra de Irak. Hasta la fecha, sólo una persona del gobierno de Bush ha sido acusada en el caso de filtración; se trata de Lewis Scooter Libby, el ex jefe de personal del Vicepresidente Dick Cheney.

Hoy temprano, un ataque aéreo israelí en Gaza dejó un saldo de nueve palestinos muertos, entre los que se encontraban dos niños. Según un periódico israelí, siete de las personas que murieron eran civiles y dos eran miembros del grupo militante Yihad Islámica. Las Fuerzas de Defensa de Israel afirmaron que los militantes estaban por disparar misiles contra Israel. Yasser Abed Rabbo, del Consejo Legislativo Palestino, condenó el ataque israelí: “Se trata de un atentado cometido por Israel para crear un ciclo de violencia y para atraer las represalias de los grupos armados palestinos. Creemos que ninguna de las partes está interesada en este ciclo de violencia.”

Mientras tanto, se está intensificando la lucha interna entre dos grandes facciones palestinas: Fatah y Hamas. El lunes, seguidores de Hamas atacaron las oficinas de los servicios de seguridad dominados por Fatah en la ciudad de Gaza. Dos personas murieron y otras quince resultaron heridas. Luego, en la ciudad de Ramallah, en Cisjordania, cientos de funcionarios de seguridad fieles al líder de Fatah, Mahmoud Abbas, atacaron el edificio del Parlamento y lo incendiaron.

El gobierno de Bush le solicitó a un juez federal que desestimara una demanda presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) con relación al programa de vigilancia nacional sin órdenes judiciales del gobierno. El lunes fue la primera vez que una demanda por el programa de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) logró llegar a tribunales. ACLU le pidió al tribunal de Detroit que obligue a la NSA a cancelar su programa de espionaje. El grupo sostiene que el Presidente Bush no fue autorizado por el Congreso a ordenarle a la NSA que comience a espiar las comunicaciones telefónicas de los ciudadanos estadounidenses. ACLU también cree que el Presidente violó la Ley de Vigilancia de Inteligencia en el Extranjero (FISA, por sus siglas en inglés) que prohíbe vigilar a las personas dentro de Estados Unidos sin una orden judicial. Abogados del Departamento de Justicia defendieron la legalidad del programa, pero le dijeron al juez que la evidencia necesaria para demostrar su legitimidad no puede ser revelada sin causarle un serio daño a la seguridad nacional. Tras la audiencia de la corte, el director ejecutivo de ACLU, Anthony Romero, calificó a la invocación por parte del gobierno del privilegio de secretos de Estado como el “doble discurso orwelliano”. Romero dijo: “Básicamente argumentaron que no se puede llevar a cabo una revisión judicial del programa de espionaje de la NSA”.

En Irak, al menos dieciocho personas murieron en cinco distintos atentados con coches bomba, ocurridos en la ciudad rica en petróleo de Kirkuk. Asimismo, otras 40 personas resultaron heridas. Mientras tanto en Baquba, una redada estadounidense dejó un saldo de nueve personas muertas, entre las que se encontraban dos niños. Las Fuerzas Armadas afirmaron que el objetivo de la redada eran hombres vinculados a altos líderes de Al Qaeda en Irak, pero los residentes de la localidad acusaron a Estados Unidos de asesinar a civiles. En la provincia de Maysan, se intensifican las tensiones entre los soldados británicos y los chiítas iraquíes. El domingo, el consejo de la provincia suspendió toda la cooperación con las fuerzas británicas, luego que los enfrentamientos dejaran un saldo de cinco muertos. El consejo acusó a los soldados británicos de herir a ancianos, mujeres y niños.

En otras noticias, las Fuerzas Armadas estadounidenses revelaron que Abu Musab al-Zarqawi permaneció con vida por casi una hora tras el ataque aéreo estadounidense contra un refugio donde se escondía. Inicialmente, las Fuerzas Armadas afirmaron que Zarqawi había muerto en el ataque. No obstante, la autopsia indicó que Zarqawi siguió vivo durante 52 minutos tras la primer explosión, y durante 24 minutos luego que las fuerzas estadounidenses llegaron al lugar donde se encontraba. Estados Unidos niega las declaraciones de testigos de que Zarqawi murió luego que un soldado estadounidense se paró sobre su pecho. Mientras tanto, varios sitios de Internet islámicos anunciaron que un hombre egipcio llamado Abu Hamza al-Muhajer fue seleccionado para ser el sucesor de Zarqawi como líder del grupo que se hace llamar Al Qaeda en Irak.

El gasto militar mundial llegó a una cifra histórica de 1.1 billones de dólares, dentro del cual Estados Unidos representa casi la mitad. Según el informe del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés), Estados Unidos gastó 1.600 dólares en sus Fuerzas Armadas por cada habitante estadounidense. Mientras tanto, China gastó únicamente 31 dólares por persona, y la India a su vez gastó menos de 19 dólares por persona. El estudio también determinó que el gasto militar en realidad está disminuyendo en Europa, habiéndose registrado los mayores recortes en Inglaterra y España.

27 líderes religiosos—entre los que se encuentran el pastor de la mega iglesia Rick Warren y el Cardenal Theodore McCarrick de Washington—firmaron una declaración exhortando a Estados Unidos a “abolir la tortura ya, sin excepciones”. La declaración del grupo aparece en una serie de avisos de periódicos comprados por la Campaña Religiosa Nacional Contra la Tortura. La declaración dice en una parte “nada menos que el alma de nuestra nación está en riesgo a raíz de la crisis de abuso de la tortura”.

Mientras tanto, el gobierno de Bush rechaza nuevamente los llamados a cerrar la prisión de Bahía de Guantánamo tras el suicidio de tres detenidos el sábado. Escuchamos al portavoz del Departamento de Estado, Sean McCormack: “Miren, no tenemos ninguna intención de ser los carceleros del mundo. Esperamos ansiosos que llegue el día en algún momento en el que se cierre, pero el hecho del asunto es que ahora mismo alberga algunas personas muy peligrosas, que no sólo son una amenaza para los ciudadanos estadounidenses, sino para otras personas en todo el mundo”. Mientras tanto en Washington, el Centro por los Derechos Constitucionales realizó una conferencia de prensa condenando el trato del gobierno a los detenidos en la base militar. Escuchamos a la abogado Gitanjali Gutiérrez: “Parece que el gobierno continuará intentando poner trabas en este asunto, cuando creo que es muy sencillo y está muy claro lo que sucedió. Estamos manteniendo a seres humanos en reclusión por tiempo indeterminado, hay total incertidumbre acerca de su destino, en condiciones que son estresantes y opresivas. Hay una razón por la cual nuestra constitución asegura el derecho de habeas corpus, hay una razón por la cual la carta magna incorpora los derechos para impugnar el encarcelamiento del rey y esto se debe a que ese tipo de detención conduce a los mismos resultados que vimos este fin de semana, una especie de desesperación y futilidad que haría que alguien prefiriera morir antes que permanecer detenido en esas condiciones”.

En Gran Bretaña, un grupo de organizaciones islámicas están condenando el manejo realizado por Scotland Yard del ataque terrorista de la semana pasada en el este de Londres. En junio, 250 oficiales allanaron los hogares de dos hermanos de ascendencia bengalí a las cuatro de la madrugada. En el momento, la policía acusó a los hombres de conspiración para realizar un ataque con armas químicas. Uno de los hermanos, Mohammed Abdul Kahar, recibió un disparo durante el allanamiento. Ambos individuos permanecieron detenidos durante una semana, fueron interrogados y luego liberados sin cargos en su contra, debido a que la policía no logró hallar pruebas para retenerlos. El abogado de derechos humanos Gareth Pierce dijo que la familia iniciaría una acción legal por daños y perjuicios contra el jefe de policía.

Se espera que el Senado vote hoy la nominación de Richard Stickler para dirigir la Administración de Seguridad y Sanidad en las Minas (MSHA, por sus siglas en inglés). United Mineworkers y la Federación Americana del Trabajo-Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés) se opusieron a la nominación del ex ejecutivo de la industria minera. El presidente de United Mineworkers, Cecil Roberts, dijo: “A menudo estos ejecutivos de las minas le dan prioridad a la productividad, pero no se centran en la salud y la seguridad de los mineros”. Según United Mineworkers, las minas administradas por Stickler entre 1989 y 1996 tenían índices de lesiones que duplicaban el promedio nacional. Líderes sindicales también criticaron a Stickler por negarse a hablar sobre las nuevas normas de seguridad en las minas. Esto incluye a las normas aprobadas por la Legislatura de Virginia Occidental en enero, luego de la explosión en la mina de Sago que dejó un saldo de doce mineros muertos.

En Florida, se le ordenó a más de 20.000 personas que evacuaran la zona del Golfo de México debido a que Alberto, la primera tormenta tropical de la temporada de huracanes, avistó tierra esta mañana.