Viernes 30 de Junio de 2006

En una decisión trascendental, la Corte Suprema reprendió al gobierno de Bush por crear tribunales militares para juzgar a los detenidos de la Bahía de Guantánamo. La corte dictaminó por cinco votos a favor y tres en contra que los tribunales militares violaban tanto el Código Uniforme de la Justicia Militar como la Convención de Ginebra.

Se prevé que el impacto del caso se extenderá mucho más allá de Guantánamo, porque los jueces dictaminaron que la llamada "guerra contra el terrorismo" debe ser luchada respetando las leyes internacionales. Los expertos legales dicen que el fallo también pone en cuestionamiento la defensa por parte del gobierno de Bush de la legalidad de los duros métodos de interrogatorio, las prisiones secretas de la CIA y el programa de vigilancia a nivel nacional de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés). La Corte decidió que se debe aplicar la Convención de Ginebra a los detenidos capturados en la guerra contra el terrorismo. Los Angeles Times informó: "Lo realmente trascendental en el caso de Hamdan es el fallo de la corte de que el Artículo Común 3 de la Convención de Ginebra se aplica al conflicto con Al Qaeda, un fallo que provoca que los funcionarios de alto rango del gobierno de Bush posiblemente sean procesados en virtud de la Ley federal de Crímenes de Guerra". En el fallo del jueves, el Juez John Paul Stevens escribió: "El Ejecutivo debe acatar el mandato de la ley que rige en ésta jurisdicción".

El New York Times calificó a la decisión como un "evento histórico, un momento definitorio en el siempre cambiante equilibrio del poder". Ben Wizner de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) celebró el falló de la Corte Suprema.

Wizner dijo: "La decisión tomada hoy es muy importante. Y debemos recordar lo que es Guantánamo. Guantánamo fue un intento por parte del gobierno de crear una isla por fuera de las leyes; para llevar a estos detenidos a un lugar donde no haya legislación y donde Estados Unidos pudiera hacerles lo que quisiera. Y lo que la Corte Suprema dijo hoy es que incluso en la Bahía de Guantánamo rigen las leyes estadounidenses y las leyes internacionales, y si vamos a enjuiciar a estas personas por crímenes, debemos enjuiciarlos mediante un sistema legal, no un sistema que inventamos mientras procedemos".

Tres jueces votaron a favor de los tribunales militares: Antonin Scalia, Samuel Alito y Clarence Thomas. Por primera vez en sus quince años en la corte, Thomas leyó parte de su disidencia desde su lugar. Thomas dijo que la decisión de la corte "únicamente dificultaría la facultad del Presidente para enfrentar y derrotar a un enemigo nuevo y mortal". El presidente de la corte, John Roberts, se abstuvo del caso porque había dictaminado en el caso a favor de los tribunales militares cuando trabajó como juez federal. Sin saber sobre el fallo en ese momento, Roberts ya estaba siendo interrogado por la Casa Blanca para ocupar un cargo en la Corte Suprema.

Los grupos de derechos humanos de todo el mundo celebraron el fallo de la Corte Suprema.

El abogado británico Clive Stafford Smith, quien representa a varios detenidos en Guantánamo, dijo: "Pienso que el mensaje para el gobierno de Bush es muy claro, que si estás luchando una guerra por la democracia y el mandato de la ley, el mandato de la ley no debería ser la primera víctima. Debemos vivir acorde a nuestros principios. Y sabes que si lo haces, si respetas los derechos humanos, de ese modo no sólo más gente te respeta y quiere ayudarte, hay muchas menos personas que quieren destruirte. Es simplemente una cuestión de buena política y de ser decente".

El ataque de Israel contra la Franja de Gaza entró en su tercer día, mientras Israel intenta rescatar a un soldado que fue capturado. Durante la noche, aviones de guerra israelíes bombardearon Gaza más de 30 veces. Una bomba israelí colisionó contra la oficina del Ministerio de Interior palestino en la Ciudad de Gaza y lo incendió.

Los proyectiles israelíes también impactaron una red de distribución de energía eléctrica en el norte de Gaza. Esto sucedió sólo dos días después de que los aviones de guerra israelíes bombardearan la principal central de energía eléctrica de Gaza, lo que dejó a gran parte de la ciudad sin electricidad. La Organización de las Naciones Unidas advierte que dentro de tres días Gaza afrontará una crisis humanitaria mortal, a menos que Israel restituya el combustible y la energía eléctrica. Según el periódico Haaretz, Israel no ha permitido que llegue combustible a Gaza durante los últimos cuatro días. Muchos de sus residentes ahora no cuentan con agua potable, porque dependen de la electricidad para bombear el agua. El Coordinador de Ayuda de Emergencia de la ONU, Jan Egeland, dijo que las acciones militares contra civiles inocentes violan las leyes humanitarias internacionales. Israel está siendo cada vez más criticado por su decisión de capturar a por lo menos 64 legisladores de Hamas, entre los que se encontraba el Ministro de Asuntos Exteriores palestino. Un tercio de los miembros del gabinete palestino ahora se encuentran detenidos por Israel.

El enviado de la ONU Álvaro de Soto, dijo: "No entiendo qué propósito cumplen estos arrestos (el de los legisladores y ministros de Hamas), no entiendo qué relación tienen con el objetivo de una operación, que según entiendo, fue planeada para obtener la liberación de Gilat Shalit".

Sin embargo, Israel defendió su acción.

El Ministro de Seguridad Interior, Avi Dichter, dijo: "Pondremos en prisión a cada persona perteneciente a Hamas si sospechamos que tiene alguna relación con la filosofía de Hamas (...) que significa matar, asesinar a israelíes sin importar si se trata de civiles o soldados. Sin importar si se trata de los límites de Israel, Cisjordania, la Franja de Gaza, o los territorios hacia Israel".

Hoy temprano Israel le suspendió el derecho a la residencia de Jerusalén a cuatro funcionarios de Hamas.

En Irak, un alto líder sunita iraquí vinculado a los principales grupos insurgentes dice que los rebeldes rechazaron el plan de reconciliación nacional del Primer Ministro Nuri al-Maliki. Los rebeldes lo rechazaron porque no establece una fecha para la retirada de los soldados extranjeros.

Rumania se convirtió en el último país en anunciar sus planes de retirar a sus soldados de Irak. En una sorpresiva decisión, el Primer Ministro de Rumania ordenó la retirada de los 890 soldados. El Primer Ministro alegó el "costo humano y financiero" de la guerra. Hace diez días, Japón anunció planes de retirar a sus 600 soldados de Irak en las próximas semanas. Italia ya dijo que retirará a sus soldados antes de fin de año. España, Holanda, Ucrania, Nicaragua, Filipinas y Honduras ya se retiraron.

Una nueva encuesta en la que participaron cien de los principales expertos para contrarrestar el terrorismo y expertos de seguridad nacional, descubrió que el 84% de ellos creen que Estados Unidos no está ganando la guerra contra el terrorismo. Asimismo, el 87% de los expertos dijeron que la guerra en Irak está deteriorando la campaña mundial contra el terrorismo. La encuesta fue llevada a cabo por la revista Foreign Policy y el Centro para el Progreso Estadounidense (CAP, por sus siglas en inglés). Un ex funcionario de la CIA que se describió a si mismo como un republicano conservador, dijo que la guerra en Irak le ha otorgado a los grupos terroristas mundiales una bonanza de reclutamiento y una valiosa zona de entrenamiento.

En Washington, el Presidente Bush y el Primer Ministro japonés Junichiro Koizumi le advirtieron a Corea del Norte que no lleve a cabo la prueba de lanzamiento de un misil balístico de largo alcance. El Presidente Bush se reunió con Koizumi el jueves en la Casa Blanca. Bush dijo: "El asunto de Corea del Norte, obviamente, atrajo la atención de todos. Y discutimos ampliamente éste asunto. Ambos acordamos que es muy importante permanecer unidos para enviar un mensaje claro al líder norcoreano, de que, antes que nada, el lanzamiento del misil es inaceptable". Hoy el Presidente Bush y el Primer Ministro japonés irán a visitar la casa de Elvis Presley en Graceland. La presión internacional sobre Corea del Norte se ha incrementado, desde que el New York Times publicó en primera plana hace dos semanas que se había cargado combustible en el misil de largo alcance de Corea del Norte, y que estaba listo para despegar. El artículo se basó en información proporcionada por funcionarios estadounidenses no identificados. No obstante, parece que ahora el Times se está retractando de su informe original. A principios de esta semana, el periódico publicó un artículo en la página A9 citando a un oficial no identificado que admitió que en realidad es imposible siquiera saber si Corea del Norte le puso combustible al misil, dado que éste se encuentra en un contenedor cerrado.

En Capitol Hill, la Cámara de Representantes, liderada por los republicanos, aprobó una resolución que censura a los medios de comunicación por publicar información clasificada que el gobierno quiere mantener en secreto. Esta votación tuvo lugar menos de una semana después de que el New York Times, el Los Angeles Times y el Wall Street Journal revelaran que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos estaba vigilando secretamente las transacciones bancarias internacionales. Uno de los republicanos que promocionó la resolución, el representante de Ohio Mike Oxley, dijo que el gobierno "espera que todos los medios cooperen" mientras lucha la llamada guerra contra el terrorismo. El representante demócrata de Nueva York, Maurice Hinchey, acusó a sus colegas republicanos de tratar de intimidar a la prensa. Mientras tanto, el republicano de la Cámara de Representantes J.D. Hayworth de Arizona, recaudó las firmas de 70 miembros de la Cámara para pedir que se le revoquen las credenciales de prensa al New York Times.

El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas aprobó un nuevo tratado internacional para prohibir que los estados secuestren a individuos y los oculten en prisiones secretas o los asesinen. El tratado, que aún debe ser aprobado por la Asamblea General de la ONU, exigiría que las naciones lleven registros de los detenidos y les digan a sus familias la verdad acerca de su desaparición. No se espera que Estados Unidos ratifique el acuerdo, llamado Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Una coalición de grupos defensores está demandando al gobierno federal, en un intento por recusar una ley que exige a los beneficiarios de Medicaid el comprobar su ciudadanía, ya que de lo contrario pierden los beneficios de asistencia médica a largo plazo. La ley entrará en vigencia mañana. Quienes critican ésta ley temen que millones de ciudadanos estadounidenses no puedan obtener toda la documentación necesaria. Las personas que se verán más afectadas podrían ser los ancianos afrodescendientes que nacieron en la zona rural del sur, en una época en que muchas mujeres negras no tenían derecho a ser atendidas en las salas de maternidad.