Jueves 15 de Noviembre de 2007

El Presidente paquistaní, el general Pervez Musharraf, prometió que se despojará de su uniforme militar antes de fin de mes. Esta decisión tuvo lugar en medio de crecientes disturbios tras la imposición del estado de emergencia.

El general Pervez Musharraf dijo: “Ya lo declaré, por lo tanto, debemos celebrar elecciones y debo solucionar el asunto del uniforme. No puedo ser un Presidente sin... con uniforme ahora. La cuestión después de esto es si debería quedarme o no, esa también es una opción para mí”.

El mandato de Musharraf oficialmente culmina hoy, al igual que el del Parlamento paquistaní, pero seguirá gobernando por tiempo indeterminado en virtud del decreto de estado de emergencia. Sus colaboradores dicen que esperará hasta que se emitan los fallos judiciales sobre las impugnaciones a la represión y a su victoria en las elecciones del mes pasado. Se prevé que Musharraf ganará ambos casos, ya que despidió a varios jueces que habían demostrado independencia. Mientras tanto, los periodistas paquistaníes continúan con sus protestas pacíficas contra las prohibiciones de Musharraf sobre la cobertura mediática que es crítica del régimen. Ansar Abbasi, de The News Internacional, dice que día a día Musharraf va perdiendo credibilidad.

Ansar Abbasi dijo: “El Presidente Musharraf aparentemente perdió la confianza en los medios. Y lo que antes se creía del Presidente Musharraf, que era una persona bastante tolerante, se desvaneció en el aire”.

En Somalia, las intensas luchas siguen desplazando a muchas personas en Mogadiscio, capital del país. Cientos de miles de residentes debieron huir debido a los enfrentamientos entre las fuerzas etíopes respaldadas por Estados Unidos y los combatientes somalíes. Mohamed Yussuf Hassan, Jefe de Cirujanos de un hospital de Mogadiscio, dice que los médicos están teniendo problemas para tratar a los heridos.

Mohamed Yussuf Hassan dijo: “Son heridos muy lejos del hospital y debido a los enfrentamientos en las calles, los pacientes no pueden ser traídos a tiempo, por lo tanto deben esperar muchas horas y el caso del paciente se vuelve más complicado y la mayoría de las veces las heridas se infectan. Independientemente de lo que uno haga, es difícil lograr que el paciente se recupere, eso también es un problema, otro desafío, pero logramos superarlo”.

En Birmania, al menos dos destacados activistas de la oposición fueron detenidos en la actual represión. U Gambira y Su Su Nway fueron los últimos en ser arrestados en la represión liderada por la Junta Militar, del levantamiento a favor de la democracia que comenzó en septiembre.

El principal funcionario de supervisión del Departamento de Estado se recusó de todos los asuntos relacionados con la empresa militar privada Blackwater tras admitir que su hermano integraba la junta asesora de dicha firma. El Inspector General Howard Krongard anunció su decisión el miércoles, solo horas después de haber negado que su hermano, Alvin “Buzzy” Krongrad, fuera miembro de la junta de Blackwater. El Departamento de Estado ha sido criticado por su supervisión negligente de Blackwater desde los guardias de esta empresa asesinaron a diecisiete civiles iraquíes, el 16 de septiembre. Howard Krongard previamente fue acusado de bloquear investigaciones de fraude de contratación en Irak y Afganistán para evitar avergonzar a la Casa Blanca. Según se dice, Krongard se negó a enviar investigadores a Irak y Afganistán para que hicieran averiguaciones sobre contratos valuados en un total de tres mil millones de dólares.

La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para financiar la guerra que exige al Presidente Bush que retire de Irak a la mayoría de los soldados antes de fines del año que viene. La medida de 50.000 millones de dólares representa aproximadamente una cuarta parte de la suma solicitada por el Presidente Bush para las guerras en Irak y Afganistán. El Presidente Bush prometió vetar la ley si esta es aprobada por el Senado.

Se espera que la Cámara de Representantes vote hoy sobre un proyecto de ley que volvería a autorizar el programa de vigilancia a nivel nacional del gobierno de Bush. Los representantes demócratas excluyeron una enmienda que le hubiera otorgado inmunidad retroactiva a las grandes empresas de telecomunicaciones vinculadas al programa.

El Comité Judicial del Senado también discutirá hoy su versión del proyecto de ley, que incluye la disposición de inmunidad. El senador demócrata de Wisconsin, Russ Feingold, dice que presentará una medida para revocar la inmunidad. En una declaración, Feingold dijo: “Este programa fue uno de los mayores abusos del Poder Ejecutivo en la historia de nuestro país, y los tribunales deberían poder pronunciarse sobre este asunto de una vez por todas”.

Las votaciones del Congreso tienen lugar mientras se retoma la investigación del Departamento de Justicia sobre la legalidad del programa. La investigación fue reabierta sólo días después de que el Fiscal General Michael Mukasey asumiera su cargo. El miércoles, Mukasey prestó juramento durante una ceremonia realizada en el Departamento de Justicia.

El Fiscal General Michael Mukasey dijo: “Aplicamos las leyes, pero el resultado es la justicia. Y es por eso que nuestro verdadero cliente, la población de este país, puede y debe descansar tranquilo sabiendo que nuestra lealtad inquebrantable es con la ley y la Constitución, y que el resultado del fiel cumplimiento de nuestro deber es la justicia”.

Mukasey fue confirmado la semana pasada por un margen de votos muy estrecho, a pesar de las objeciones por su negativa a declarar que la técnica conocida como “el submarino” es una forma de tortura.

La gigante bananera estadounidense Chiquita fue demandada nuevamente por víctimas de paramilitares colombianos. Este año Chiquita reconoció haberle pagado 1.7 millones de dólares a un grupo paramilitar colombiano de derecha que integra una lista terrorista en Estados Unidos. El miércoles, alrededor de 400 demandantes presentaron una demanda civil exigiendo el pago de cerca de ocho mil millones de dólares en daños y perjuicios. El abogado de los demandantes, Jonathan Reiter, dijo que Chiquita debería ser responsabilizada por los asesinatos que ayudó a financiar.

Jonathan Reiter dijo: “El principio sobre el cual se basa esta demanda es que cuando se pone dinero en manos de terroristas, cuando se ponen armas en manos de terroristas, entonces se es legalmente responsable de las atrocidades, los asesinatos y las torturas cometidos por esos terroristas”.

Chiquita dice que fue víctima de un intento de extorsión y que realizó los pagos solamente para proteger a sus empleados. Sin embargo, un investigador privado contratado por los demandantes puso en duda la negación de Chiquita. El investigador, William Acosta, dice que sus hallazgos no dejan dudas sobre la complicidad de de la empresa.

William Acosta dijo: “La mayoría de las víctimas durante nuestras entrevistas en Colombia, siempre mencionan a Chiquita como mandando personas para amenazarlos”.

Chiquita afronta otra demanda de familiares de 144 personas asesinadas por paramiliares colombianos. La empresa pagó una multa de 25 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos, pero los familiares de las víctimas no recibieron un centavo.

En Nueva York, se revelaron más detalles del tiroteo policial que el lunes provocó la muerte de un adolescente afroestadounidense que estaba desarmado. Khiel Coppin, de dieciocho años de edad, murió en un tiroteo de la policía, en el que le dispararon cerca de veinte balas. Llevaba tan sólo un cepillo para el cabello. La madre de Coppin había llamado a la policía para pedir ayuda tras una violenta discusión con su hijo. No obstante, transcripciones recientemente reveladas de la llamada a la policía indican que la madre, Denise Owens, le dijo a funcionarios policiales que su hijo estaba desarmado. Owens también le indicó esto a los policías cuando llegaron al lugar. La policía dice que abrió fuego luego de que Coppin afirmó que portaba un arma, que resultó ser un cepillo para el cabello.

Un destacado grupo conservacionista está acusando a las naciones contaminadoras de censurar el próximo informe de las Naciones Unidas sobre calentamiento global. World Wildlife Fund dice que datos muy importantes fueron eliminados del estudio del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU, que será publicado el sábado. Se informó que entre los datos eliminados hay advertencias de más huracanes destructivos, el calentamiento del Océano Pacífico y la pérdida de glaciares en los Alpes europeos. El informe predice que un tercio de las especies del mundo podrían desaparecer si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan al ritmo actual.

Mientras tanto un nuevo estudio clasificó a las peores empresas de servicios del mundo en términos de contaminación que contribuye al calentamiento global. Según el Centro de Desarrollo Mundial, una planta de la empresa Southern Company en Georgia emite más dióxido de carbono al año que todo el sector industrial de Brasil. A su vez, se indica que Australia es el peor contaminador per cápita. Las plantas de energía australianas emiten diez toneladas de dióxido de carbono por persona, lo que supera cinco veces a China. Estados Unidos continúa siendo el peor contaminador, con una producción de 2.800 millones de toneladas de dióxido de carbono al año.

En California, funcionarios de la ciudad de San Francisco otorgaron la aprobación inicial a un plan para emitir documentos de identidad a cualquier residente de la ciudad sin perjuicio de su situación legal. La medida hace que San Francisco esté a punto de convertirse en la mayor ciudad en el país que otorga documentos de identidad a cualquier residente que lo solicite. Quienes apoyan la medida dicen que ayudará a que inmigrantes indocumentados accedan a servicios a los que antes no accedían por carecer de identificación.

En el Estado de Washington, 43 personas fueron arrestadas en el Puerto de Olympia el martes, cuando intentaban impedir el envío de equipamiento militar hacia Irak. Las protestas fueron organizadas por la Olympia Port Militarization Resistance (Resistencia a la Militarización del Puerto de Olympia), que pretende impedir que las Fuerzas Armadas estadounidenses utilicen el puerto para enviar equipamiento a Irak. La policía utilizó gas pimienta para dispersar a una multitud de más de 150 personas. Se trata de la segunda semana consecutiva de protestas en el puerto.

Investigadores del gobierno dejaron en evidencia lo que los críticos denominan “un gran agujero” en la seguridad de los aeropuertos del país. Funcionarios encubiertos pudieron ingresar ilegalmente todos los elementos para fabricar una bomba capaz de provocar un grave daño a un avión mediante la vigilancia de los puntos de control de diecinueve aeropuertos en todo el país. Como consecuencia la Oficina de Responsabilidad del Gobierno solicita medidas más severas de vigilancia de pasajeros.