El gobierno de Bush le prohibió a diecisiete estados de todo el país que impusieran sus propias normas de limitación de emisiones vehiculares de gases de efecto invernadero. La intención de la iniciativa encabezada por California es reducir en un treinta por ciento para el año 2016 las emisiones de dióxido de carbono producidas por vehículos. Pero el miércoles, el director la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Stephen Johnson, desestimó las propuestas y afirmó que los estados deben acatar la autoridad federal. Según el periódico The Washington Post, la decisión de Johnson surgió a raíz de la objeción de sus abogados y encargados de políticas. Los asesores advirtieron que la EPA probablemente perdería si California decidía demandar judicialmente para proteger sus normas de emisiones. Los asesores también dijeron a Johnson que la ”EPA tiene altas probabilidades de ganar” si él no interviene y permite que los fabricantes de automóviles demanden a su vez a California. La decisión se produjo unas horas después de que el Presidente Bush firmara el nuevo proyecto de ley de energía apoyado por ambos partidos. En una ceremonia en la Casa Blanca, Bush elogió la nueva ley.
El Presidente Bush dijo: “El proyecto de ley que firmo hoy es un paso significativo ya que le exigirá a los productores de combustibles que para 2022 empleen como mínimo seis mil millones de galones de biocombustibles. Esto aumentará en cinco veces los niveles actuales. Nos ayudará a diversificar nuestras fuentes de energía y a reducir nuestra dependencia en el petróleo. Es un parte importante de esta legislación.”
Según la nueva ley de energía, los fabricantes de vehículos deberán aplicar las normas de ahorro de consumo de combustible de treinta y cinco millas por galón, tanto para automóviles como para camiones. La norma de California es más alta – cuarenta y tres millas por galón para automóviles y algunos camiones livianos. El Gobernador de California, Arnold Schwarzenegger afirmó que los estados apelarían judicialmente la orden de la EPA. La decisión de la EPA fue duramente criticada por grupos ambientalistas. Paul Cort de Earth Justice declaró que: “Con esto no se está tratando de proteger una política nacional para frenar el calentamiento global. Esto es un intento de la Casa Blanca de proteger a industriales amigos contra líderes estatales que realmente quieren combatir el calentamiento global.”
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