El Congreso y la Casa Blanca se enfrentan por una investigación llevada a cabo por el Congreso sobre la reciente destitución de ocho fiscales estadounidenses. El martes, el Presidente Bush defendió al Fiscal General Alberto Gonzáles y prometió oponerse a los esfuerzos del Congreso para citar al asesor presidencial Karl Rove, a la ex asesora de la Casa Blanca Harriet Miers y a otros funcionarios de la Casa Blanca. El Congreso está intentando investigar si la destitución de los fiscales estadounidenses fue en realidad una purga política. El Presidente Bush ofreció permitirle a Rove y a otros funcionarios que se reúnan con los miembros del Congreso, pero bajo condiciones extraordinarias: a puertas cerradas, sin estar bajo juramento y sin permitir la trascripción de sus declaraciones. Anoche, el Presidente Bush defendió su ofrecimiento.
- El Presidente Bush dijo: “No apoyaremos una investigación partidista con fines políticos contra funcionarios públicos honrados. La respuesta inicial de los demócratas lamentablemente indica que algunos aparentemente están más interesados en ganar puntos en la política que en descubrir los hechos. Sería lamentable que eligieran seguir por el camino partidista de emitir citaciones y exigir juicios públicos”.
Los presidentes de los Comités Judiciales del Senado y de la Cámara de Representantes rechazaron el ofrecimiento de la Casa Blanca. El Presidente del Comité Judicial del Senado, Patrick Leahy, dijo: “El testimonio debe quedar registrado y debe ser bajo juramento. Esa es la fórmula para la verdadera responsabilidad”. Los comités de la Cámara de Representantes decidirán hoy mediante una votación si citarán o no a Karl Rove y a otros funcionarios. El Comité del Senado votará mañana. El Senado también decidió por 94 votos contra dos revocar una disposición de la Ley Patriota que le permitía al Fiscal General nombrar a fiscales estadounidenses sin la confirmación del Senado.
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