Según se informa, el Presidente electo Barack Obama solicitó a Eric Holder que ocupe el cargo de Secretario de Justicia. Si el nombramiento se confirma, Holder se convertiría en el primer afroamericano en liderar el Departamento de Justicia. Holder se desempeñó como Subsecretario de Justicia en el gobierno de Clinton y como Fiscal General de Estados Unidos por el Distrito de Columbia. Fue asesor jurídico de la campaña de Obama y trabajó en el equipo de selección de su vicepresidente. Newsweek informa que Eric Holder todavía tiene que someterse a la investigación previa del equipo de transición de Obama antes de que la selección sea definitiva y anunciada públicamente. Desde que dejó la función pública, Holder ha trabajado como socio en el estudio jurídico Covington & Burling en el Distrito de Columbia. Entre sus clientes ha figura la multinacional de la fruta Chiquita. La semana pasada en Democracy Now, el periodista Mario Murillo criticó los vínculos de Holder con Chiquita.
Murillo dijo: “Se ha hablado acerca de un aliado y amigo cercano de Obama como posible Secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, quien actualmente está defendiendo a Chiquita Brand International de docenas de demandantes aquí en Colombia, familias trabajadoras que han sido blanco de paramilitares que han estado recibiendo 1700 millones de dólares anuales durante varios años. Es un gran escándalo. Y si este tipo se convierte en el Secretario de Justicia de la administración Obama, entonces va a ser realmente muy difícil esperar justicia de Estados Unidos en este caso”.
En un discurso pronunciado ante la Sociedad de la Constitución Estadounidense en junio, Eric Holder dijo que el próximo presidente debía “reclamar inmediatamente el lugar de Estados Unidos en el mundo como país que valora y protege la libertad individual y los derechos humanos básicos”. Holder se opone a la pena de muerte, pero ha reclamado penas más duras para algunos delitos de drogas. En 2005, formó parte del equipo jurídico que desarrolló estrategias para asegurar la reautorización de la Ley Patriota.
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