El Distrito de Columbia acordó pagar cerca de catorce millones de dólares para llegar a un acuerdo en una demanda colectiva presentada por manifestantes arrestados durante una protesta frente a una reunión del FMI y el Banco Mundial en 2000.
La organización de defensa de los derechos civiles y jurídicos “Partnership for Civil Justice” afirmó que el acuerdo representa la mayor indemnización concedida en Estados Unidos a manifestantes ilegalmente arrestados. La demanda colectiva fue presentada en nombre de casi 700 personas arrestadas en la protesta. Mara Verheyden-Hilliard, de “Partnership for Civil Justice”, declaró: “[El acuerdo] constituye un mensaje para cada ciudad y agente del orden de que habrá que pagar un alto precio por violar los derechos de los manifestantes consagrados en la Primera Enmienda”.
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