Un tribunal español inició una investigación penal para determinar si seis abogados del gobierno de Bush, incluido el ex Fiscal General Alberto Gonzales, violaron el derecho internacional al proporcionar el marco jurídico para justificar el uso de la tortura en Guantámo por parte de dicho gobierno. El derecho español permite reclamar jurisdicción en el caso dado que cinco ciudadanos o residentes españoles que estuvieron presos en bahía de Guantánamo declararon haber sido torturados allí. Baltasar Garzón, el juez español que ordenó el arresto del ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1998, envió el caso a la oficina del fiscal español para su revisión. Los otros ex funcionarios del gobierno de Bush que serán investigados son los ex funcionarios del Departamento de Justicia John Yoo y Jay Bybee, el funcionario del Pentágono Douglas Feith, el ex jefe de personal de Dick Cheney David Addington y el abogado del Pentágono William Haynes. Michael Ratner, del Centro por los Derechos Constitucionales, elogió la decisión del tribunal español y dijo que era probable que ya se hubieran emitido las órdenes de arresto.
Michael Ratner, autor de The Trial of Donald Rumsfeld (El juicio de Donald Rumsfeld), manifestó: “A esta altura, ninguno de estos seis puede ir a los 25 países que integran la Unión Europea porque pueden ser inmediatamente arrestados. Lo que ocurrirá seguidamente es que es muy probable que esta investigación continúe en forma muy vigorosa. Se investigará a esas seis personas, y también se tendrá la posibilidad de subir en la cadena de mando y llegar no solamente a Rumsfeld, sino de seguir más arriba hasta Cheney y Bush. Por lo tanto se trata de una investigación seria, que el gobierno de Obama tiene que tomar con seriedad. Lo que significa que en este país la presión está aumentando para que se abra una investigación penal propia”.
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