Al menos doce personas murieron en un presunto ataque estadounidense con avión no tripulado en Pakistán. El blanco de este ataque fue una aldea de la región paquistaní de Waziristán del Norte.

Mientras tanto, el New York Times reveló que la empresa militar privada Blackwater jugó un papel importante en el programa estadounidense de ataques con aviones no tripulados. La CIA utilizó a los contratistas de Blackwater para ensamblar y cargar misiles y bombas en aeronaves Predator dirigidas por control remoto. Los ataques de la CIA con aviones no tripulados han tenido como blanco a líderes de Al Qaeda y del Talibán, pero la gran mayoría de las personas que murieron eran civiles. El New York Times dice que Blackwater no está implicada ni en la selección ni en el bombardeo de los blancos, pero fue tachada de negligente en lo que respecta a su labor de cargar las municiones cuando las bombas fallaron radicalmente en dar en el blanco. Algunos de estos aviones no tripulados eran operados desde una base aérea estadounidense en Jalalabad, Afganistán, que fue revelada recientemente. Estados Unidos comenzó a utilizar esta base porque le preocupaba ser expulsado de Pakistán. Esta noticia surge un día después de que el New York Times también revelara que Blackwater fue contratada para el programa secreto de la CIA para asesinar a sospechosos de terrorismo. El jueves, la Presidenta del Comité de Inteligencia del Senado Diane Feinstein dijo que el hecho de que la CIA no informara al Congreso sobre dicho programa constituía una “violación de las leyes”.

Estas recientes revelaciones tuvieron lugar tan solo días antes de que la CIA desclasifique partes de un informe interno que cuestiona la legalidad y eficacia de su programa de tortura en prisiones secretas en el extranjero. El jueves, el ex director de la CIA y de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por su sigla en inglés), el general Michael Hayden, dijo que este informe demostrará que el programa de tortura no logró descubrir ningún ataque inminente contra Estados Unidos. La publicación de este informe se ordenó en respuesta a una demanda presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés). Se prevé que el mismo intensificará los pedidos de que el Fiscal General Eric Holder investigue a los contratistas y oficiales de la CIA que estuvieron implicados en el programa de tortura. Por otra parte, el jueves el ex director de la CIA Porter Goss dijo: “En septiembre, se avecinará un huracán en Washington dirigido directamente contra la comunidad de los servicios de inteligencia”.

Mientras tanto, ABC News reveló que Lituania fue uno de los países de Europa Oriental que albergó una prisión secreta de la CIA. Se dice que Lituania, un antiguo Estado soviético, hizo esta concesión con la esperanza de mejorar sus relaciones con Estados Unidos. Un ex funcionario de inteligencia dijo que la CIA mantuvo detenidos a aproximadamente ocho prisioneros en Lituania hasta que el programa de prisiones secretas fue expuesto públicamente en el año 2005.

El Washington Post informa que tres abogados militares de la Bahía de Guantánamo han sido cuestionados por presuntamente mostrarles fotografías de los agentes de la CIA a prisioneros acusados de tramar los ataques del 11 de septiembre. Las autoridades militares dicen que es posible que estos abogados hayan violado leyes que protegen la identidad de los agentes secretos de inteligencia. Dichos abogados aparentemente estaban intentando identificar a los agentes que podrían haber estado implicados en la tortura de prisioneros en cárceles estadounidenses en el extranjero. El director de la ACLU, Anthony Romero, criticó el hecho de que la atención se centre en los abogados. Romero dijo: “En lugar de investigar a los oficiales de la CIA implicados en la tortura, están investigando a los abogados militares que valientemente defendieron a estos clientes sometidos a procesos falsos”.

El ex Secretario de Seguridad Nacional Tom Ridge asegura que altos funcionarios del gobierno de Bush lo presionaron para que aumentara el nivel de “alerta de terrorismo” nacional para que influyera en las elecciones de noviembre de 2004. En un libro que se publicará próximamente, Ridge escribió que rechazó los pedios por parte de miembros del gabinete, entre ellos el en ese entonces Secretario de Defensa Donald Rumsfeld y el Fiscal General John Ashcroft, de que incrementara el nivel de amenaza codificado por colores tan sólo días antes de las elecciones. Este presunto pedido tuvo lugar mientras que el Presidente George W. Bush se encontraba en una competencia muy reñida con el candidato demócrata John Kerry. Ridge también dice que rechazó otros pedidos anteriores del gobierno de que sugiriera públicamente que la invasión y ocupación de Irak habían ayudado a proteger a Estados Unidos.

En Irak, al menos 40 personas murieron y más de 220 resultaron heridas el jueves en una serie de ataques en el sur de Bagdad. Estos ataques tuvieron lugar un día después de que los peores bombardeos coordinados de Irak en dieciocho meses dejaran un saldo de más de cien muertos y 500 heridos.

En Afganistán, se está llevando a cabo el conteo de votos tras las elecciones nacionales del jueves. Al menos 26 personas murieron en incidentes violentos en el día de las elecciones. El Talibán había amenazado con atacar a aquellos que acudieran a las urnas. La autoridad electoral de Afganistán, mientras tanto, dijo que recibió aproximadamente 40 denuncias de irregularidades en las elecciones, que incluyen casos de funcionarios que presionaron a los votantes a elegir al Presidente afgano Hamid Karzai. Tanto Karzai como su principal rival, Abdullah Abdullah, aclamaron su victoria, pero se prevé que se enfrentarán en una segunda vuelta.

En Honduras, alrededor de cinco mil personas marcharon el jueves en la capital, Tegucigalpa, en respaldo al derrocado Presidente Manuel Zelaya. Un manifestante, Augusto Jiménez, afirmó que las marchas continuarán hasta que Zelaya sea restituido en su cargo.

Augusto Jiménez declaró: "Estamos protestando en la calle porque estamos condenando el golpe brutal que se le ha dado al pueblo hondureño. Estamos pidiendo la restitución de nuestro Presidente que fue electo por la mayoría del pueblo hondureño y esta es la única manera en que nosotros vamos a parar esta resistencia hasta que lleven a José Manuel Zelaya al poder de la nación otra vez".

Según se informa, Irán levantó una prohibición de un año para las inspecciones de las Naciones Unidas en una serie de emplazamientos nucleares. Diplomáticos internacionales dicen que la semana pasada se concedió permiso a los inspectores para visitar diversos emplazamientos.

En otras noticias de Irán, las familias de tres estadounidenses que fueron arrestados en ese país este mes reclaman la liberación de sus seres queridos. Se cree que los tres cruzaron la frontera por error y entraron en Irán mientras caminaban en la región iraquí autónoma de Kurdistán. Los estadounidenses detenidos fueron identificados como Shane Bauer, Sarah Shourd y Joshua Fattal. Shane Bauer es un periodista independiente que escribe para Nation Magazine y Pacific News Service. El jueves, la hermana de Bauer, Shannon, instó al gobierno iraní a permitir que les diera información sobre sus familiares.

Shannon Bauer dijo: "Creo que es realmente importante a esta altura que permitamos a la gente saber por qué estaban allí, para hacer una excursión a pie, y que se trata de tres personas increíbles, que los extrañamos mucho y que al menos queremos hablar con ellos, escuchar su voz y saber que están bien".

El Departamento de Estado solicitó a Irán que autorizara a los tres estadounidenses a reunirse con diplomáticos suizos. Suiza actúa como representante informal de Estados Unidos en Irán.

El gobierno escocés liberó a un agente libio que estaba encarcelado por el atentado con bomba en el vuelo 103 de Pan Am en Lockerbie. Abdel al-Megrahi era el único sospechoso condenado por el ataque, en el que murieron 270 personas, entre ellas 189 estadounidenses. Escocia ordenó la liberación por motivos humanitarios, ya que Megrahi padece un cáncer terminal. El Presidente Obama declaró que Estados Unidos se opone a la medida.

El Presidente Obama dijo: "Nos pusimos en contacto con el gobierno escocés para hacerle saber que nos oponíamos a esto y pensábamos que era un error. Ahora estamos en contacto con el gobierno libio y queremos asegurarnos de que, si la transferencia del prisionero tuvo lugar, este no sea bienvenido y quede bajo arresto domiciliario".

Megrahi regresó a Libia el jueves. En una declaración que leyó su abogado, Megrahi sostuvo que era inocente.

El abogado Tony Kelly declaró: "Tenía mucho para ganar y nada para perder con el hecho de que toda la verdad saliera a luz hasta mi diagnóstico de cáncer. A los familiares de las víctimas que pueden soportar que yo diga esto, les expreso mi sincera compasión por la inimaginable pérdida que sufrieron. A quienes me desean mal, lo único que puedo decir es que yo no se los deseo a ellos".

En California, un ex soldado estadounidense que sirvió en Irak y Afganistán fue hallado muerto junto con su novia en un aparente episodio de asesinato y suicidio. Familiares de Jacob Gregory Swanson dijeron que el soldado sufría de estrés postraumático y de otras perturbaciones mentales como resultado del tiempo que estuvo en combate. Su novia, Amy Rochelle Salo, tenía tres hijos. Se estima que 88 soldados se quitaron la vida en la primera mitad del año, con lo que se está en camino de superar el récord del año pasado de 143 suicidios de soldados.

Un juez federal dictaminó que hace tres años Estados Unidos congeló erróneamente los activos de una organización benéfica musulmana con sede en Miami. La organización KindHearts for Charitable Humanitarian Development fue clausurada luego de que Estados Unidos sospechara que tenía vínculos con el grupo palestino Hamas. Pero esta semana, el juez federal de distrito James Carr afirmó que la medida era ilegal porque el gobierno no había notificado a la organización benéfica.

Y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por su sigla en inglés) anunció una amplia investigación de la industria de telefonía celular del país. La FCC examinará, entre otras cosas, la competencia de mercado y la legitimidad de los cargos adicionales impuestos a los suscriptores.