Defensores de los derechos humanos, mientras tanto, afirman que la investigación debería llegar a los más altos niveles de la Casa Blanca que conducía George W. Bush. En una declaración del Centro por los Derechos Constitucionales se dice: “La responsabilidad por el programa de torturas no puede recaer en unos pocos operadores de bajo nivel. […] Son los abogados y funcionarios que supervisaron y aprobaron el programa [de torturas] quienes deben ser investigados”. Alexander Abdo, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés), dijo que toda investigación debería marcar el comienzo de una nueva era de responsabilidad y rendición de cuentas.
Abdo dijo: “La meta es dar la mayor transparencia posible a los abusos de los últimos ocho años. También esperamos que con esa transparencia llegue una nueva forma de responsabilidad y de rendir cuentas. Como dijo el Presidente unos días después de asumir el cargo, ’la transparencia constituye una buena parte de la responsabilidad y la rendición de cuentas, y es esencial para una democracia que funcione”.
Inicio