La Suprema Corte dictaminó que las grandes empresas tienen derecho a gastar todo el dinero que quieran para influir en el resultado de las elecciones de Estados Unidos. En una decisión adoptada por cinco votos contra cuatro, el tribunal anuló las restricciones que desde hace un siglo regían para las grandes empresas y otras grupos de interés y que les prohibían usar sus amplios recursos para abogar por un candidato específico. La opinión mayoritaria afirma que a las grandes empresas también les corresponden los derechos consagrados en la Primera Enmienda y que el gobierno no puede limitar su discurso político. El fallo despertó la indignación generalizada entre los progresistas, así como reclamos de su anulación.
Robert Weissman, del grupo Public Citizen, dijo: “Lo que realmente necesitamos es que se anule el fallo. Si la Corte no anula su sentencia, el único camino que queda es una enmienda constitucional. La primera enmienda es para proteger a la gente de verdad, como usted y yo, no a creaciones artificiales denominadas ‘grandes empresas’, no para proteger a Exxon, Pfizer o Goldman Sachs”.
En una declaración, el Presidente Barack Obama calificó al pronunciamiento de la Corte como una “importante victoria para los grandes intereses petroleros, los bancos de Wall Street, empresas de seguros médicos y otros poderosos intereses que ejercen su poder todos los días en Washington para ahogar las voces de los estadounidenses comunes y corrientes”.
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