Los fiscales federales iniciaron una investigación penal sobre los problemas de seguridad de la empresa automovilística japonesa Toyota. Un gran jurado federal exigió que se entregaran los registros de la compañía vinculados a la aceleración involuntaria en sus vehículos y el sistema de frenos de su modelo híbrido Prius. La Comisión de Bolsa y Valores también reclamó la presentación de documentos de Toyota. Está programado que el presidente de la empresa, Akio Toyoda, declare ante el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes el miércoles. La defensora de los derechos del consumidor desde hace años Joan Claybrook dijo que la investigación del Congreso también debería analizar el papel que jugaron los reguladores federales.
Joan Claybrook dijo: “Los reguladores también están allí para proteger al pueblo estadounidense y si las empresas no actúan como es debido, ahí es cuando los reguladores entran en acción. En este caso no tomaron medidas y Toyota se jacta de eso cuando lleva a cabo reuniones informativas en su oficina de Washington con los funcionarios japoneses y dicen que le ahorraron a la empresa cien millones de dólares al evitar una gran retirada del mercado y en lugar de eso hacer lo que se llama una “retirada de equipo” de las alfombras. Por lo tanto creo que Toyota ha quedado al descubierto y debe admitir su error. Creo que sucederán muchas cosas en estas audiencias del Congreso que exigirán una explicación por parte de Toyota y del Departamento de Transporte, que tampoco cumplió con su labor”.
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