Los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes reclaman la intervención federal para contrarrestar una medida recientemente promulgada en Arizona, que obliga a los oficiales de policía a determinar la condición migratoria de las personas sospechosas de ser inmigrantes indocumentados. La gobernadora republicana Jan Brewer sancionó el proyecto de ley el viernes, luego de su aprobación en la asamblea legislativa estatal esta misma semana. Los opositores a la medida dicen que se trata de la más severa del país y de una licencia para la utilización de perfiles raciales. Poco después de sancionar la ley, Brewer dijo que cree que la medida es “lo mejor para Arizona”.
La gobernadora Brewer declaró: “Decidí sancionar el proyecto de ley 1070 del Senado porque, a pesar de que mucha gente está en desacuerdo, creo firmemente que representa lo mejor para Arizona”.
Mientras Brewer daba su discurso, miles de manifestantes se congregaron en las afueras del Congreso estatal. El congresista demócrata Raul Grijalva reclamó la no cooperación federal con la nueva ley.
El representante Grijalva expresó: “Hemos insistido en la no cooperación del gobierno federal con esta ley estatal. La inmigración es materia regulada por las leyes federales, estas tienen preeminencia. Si nuestro gobierno federal le dice al Estado de Arizona: 'Pueden tener la ley, no estamos impidiendo, procesando o accediendo a su ley', entonces es discutible. Y creo que el paso siguiente es la no cooperación”.
El domingo se realizó otra importante manifestación a la que asistieron miles de personas. En la Casa Blanca, el Presidente Barack Obama habló en contra del proyecto de ley y sugirió la posibilidad de intervención del gobierno federal.
El Presidente Obama declaró: “Indudablemente, si no actuamos en forma responsable a nivel federal, sólo abriremos la puerta a la irresponsabilidad de otros. Y eso incluye, por ejemplo, los recientes esfuerzos de Arizona, que amenazaron con socavar las nociones básicas de justicia que como estadounidenses valoramos, así como la confianza entre la policía y las comunidades, que es vital para mantener nuestra seguridad. De hecho, di instrucciones a miembros de mi gobierno para que vigilen de cerca la situación y analicen los derechos civiles y otras implicancias de esta ley”.
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