En Washington, Robert Gibbs, Secretario de Prensa de la Casa Blanca, fue interrogado sobre la crisis que, según algunos, podría convertirse en el peor desastre ambiental de la industria en la historia de Estados Unidos.
Un periodista preguntó: “¿Se comprometen a que BP pague todos los costos asociados con el derrame?”.
Gibbs dijo: “Sí, ese es nuestro compromiso”.
Un periodista preguntó: “¿Incluidos, por ejemplo, los salarios perdidos y ese tipo de cosas?”.
Gibbs respondió: “Esa es concretamente una de las cosas que el Presidente conversó ayer con Thad Allen, presidentes de los condados y pescadores, acerca de crear un sistema, y la Secretaria Napolitano habló de ello esta mañana, de crear un sistema para indemnizaciones y reclamos que no quede empantanado”.
Mientras que Robert Gibbs afirmó que el gobierno se comprometía a hacer que BP asumiera todos los costos asociados con el derrame, una ley poco clara de 1990 podría proteger a BP y determinar que pague tan sólo 75 millones de dólares en daños económicos relacionados con el derrame. El lunes, el senador demócrata Robert Menendez presentó un proyecto de ley para aumentar el tope de la responsabilidad por daños económicos de 75 millones a diez mil millones. Menendez denominó a la normativa como la “ley de prevención de rescates financieros para grandes compañías petroleras”.
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