Jueves 19 de Agosto de 2010

Estados Unidos retiró oficialmente la última brigada de combate asignada a Irak, dos semanas antes del vencimiento del plazo de retirada de aproximadamente 14.000 soldados. En un anuncio sorpresivo, el Pentágono dijo que la última brigada de combate pasó a Kuwait en el día de hoy. Si bien la retirada fue aclamada como un importante hito en la guerra de Irak y el fin de las operaciones de combate, gran parte de los 56.000 efectivos que quedan siguen entrenados en combate y continuarán realizando ataques armados. El gobierno de Barack Obama también planea duplicar sus fuerzas militares privadas en Irak, que llegarán a un número estimado de siete mil contratistas. Según el New York Times, el grueso de las fuerzas militares privadas serán desplegadas en cinco complejos del territorio iraquí, donde realizarán tareas que incluyen maniobrar aviones no tripulados, desplegar fuerzas de reacción y manejar radares para detectar ataques de militantes. En una entrevista con Democracy Now! este mismo mes, el periodista independiente Jeremy Scahill dijo que el plan de retirada del gobierno de Obama equivale a una ocupación con nuevo nombre.

Scahill declaró: "Lo que estamos viendo aquí es una ocupación reducida y con un nuevo nombre, al estilo de Obama, que va a precisar de un incremento de fuerzas privadas. El Departamento de Estado está pidiendo vehículos MRAP [protegidos contra minas y emboscadas] y blindados, helicópteros Black Hawk para estas fuerzas paramilitares. Entonces, sí, se puede decir que oficialmente los combates terminaron, pero en realidad continúan detrás de la puerta trasera, ya que se siguen llevando fuerzas paramilitares que son clasificadas como seguridad diplomática, lo cual fue el juego de Bush desde el inicio".

En Afganistán, centenares de personas bloquearon una importante autopista en las afueras de la ciudad de Jalalabad en protesta por el asesinato de dos civiles afganos y el arresto de otros más en una redada de Estados Unidos. Un comandante de la policía local afirmó que las víctimas fueron un padre y su hijo.

El coronel Ghafoor Khan dijo: "Como consecuencia de una operación realizada en una casa, asesinaron a dos personas, un padre y su hijo, y se llevaron a otras tres. Las personas asesinadas y las que se llevaron son agricultores que trabajan su tierra".

El gobierno de Obama advierte que la disposición del gobierno afgano que prohíbe las empresas militares privadas podría perjudicar la ayuda y el trabajo de desarrollo que lleva a cabo Estados Unidos en Afganistán. El Presidente afgano Hamid Karzai emitió un decreto esta semana que dispone la disolución de todas las empresas privadas de ese rubro en un plazo de cuatro meses. Aproximadamente 26.000 contratistas armados de seguridad trabajan para el gobierno estadounidense en Afganistán, incluidos 19.000 que lo hacen para el Ejército. En una declaración, la embajada de Estados Unidos en Afganistán expresó: "Nos preocupa que toda acción rápida para eliminar a las empresas privadas de seguridad pueda tener consecuencias no previstas, entre ellas, la posible demora en los esfuerzos estadounidenses de reconstrucción y asistencia para el desarrollo".

La Asamblea General de las Naciones Unidas celebra hoy una sesión de emergencia para recaudar fondos de urgencia para los millones de paquistaníes asolados por las inundaciones masivas. La ONU afirma que los suministros vitales llegan a tan sólo un millón de los ocho millones de personas con necesidades urgentes. La cantidad de paquistaníes que se quedaron sin su hogar en forma definitiva se duplicó y se sitúa hoy en cuatro millones, con un total de veinte millones de personas desplazadas. Se prevé que Estados Unidos anuncie el aumento de la ayuda, que pasará de los 90 millones prometidos hasta ahora a 150 millones de dólares.

En Perú, la activista estadounidense Lori Berenson volvió a la cárcel tan sólo tres meses después de haber sido dejada en libertad condicional. Berenson había cumplido casi quince años en prisión tras su condena de 1996 por colaborar con el grupo rebelde Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA). Su retorno a la cárcel parece respaldarse en un tecnicismo relacionado con su lugar de domicilio durante la libertad condicional.

Archivos judiciales recientemente divulgados muestran que Estados Unidos todavía está reteniendo en Guantánamo a un prisionero yemení con problemas emocionales, seis años después de que se autorizara su liberación por primera vez. El prisionero, Adan Abdul Latif, recibió la aprobación de su liberación por parte del Pentágono en 2004, pero recién fue incluido en una lista de transferencia tres años más tarde. Latif permanece en Guantánamo desde entonces porque Estados Unidos ha detenido la mayor parte de las transferencias de prisioneros yemeníes a su país. Los abogados defensores dicen que ha pasado largos períodos en el pabellón psiquiátrico de Guantánamo tras múltiples intentos de suicidio. Un fuez federal volvió a ordenar la liberación de Latif el mes pasado, pero el gobierno de Obama se ha negado a cumplir con la disposición mientras considera la posibilidad de apelar.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) presentó una demanda en la que acusa al gobierno de Estados Unidos de negarse a responder a un intento por descubrir detalles sobre la presunta tortura y encarcelamiento de un ciudadano estadounidense en los Emiratos Árabes Unidos (EAU). La presunta víctima, Naji Hamdan, estuvo detenida durante casi tres meses sin cargos en su contra y se le negó el acceso a un abogado y el contacto con su familia. Hamdan dice que lo golpearon, lo patearon en el hígado, lo ataron a una silla eléctrica y amenazaron con violar a su esposa frente a él. Hamdan se mudó de Estados Unidos a los EAU en 2006, tras ser el blanco de un intenso escrutinio por parte del FBI, y fue encarcelado tan sólo semanas después de que agentes del FBI lo interrogaran en la embajada de Estados Unidos en Abu Dhabi. ACLU dice que el gobierno federal ha ignorado un pedido de información de hace seis meses amparado en la Ley de Libertad de Información sobre la extensa vigilancia del FBI hacia Hamdan y la participación de Estados Unidos en su encarcelamiento y tortura. Hamdan también aseguró que un estadounidense no identificado participó en su interrogatorio.

El ex presidente del Comité Nacional Demócrata Howard Dean se convirtió en el último demócrata de alto perfil en oponerse a la construcción de un centro comunitario islámico a unas cuadras de la Zona Cero en Nueva York. En una entrevista radial, Dean dijo que considera que los planes de construir un centro comunitario musulmán en el Bajo Manhattan serían “una ofensa” para las víctimas de los atentados del 11 de septiembre. Dean aparentemente sugirió erróneamente que el centro propuesto se construiría en la Zona Cero.

Howard Dean dijo: “Debemos entender que es una verdadera ofensa para las personas que perdieron la vida, inclusive para los musulmanes. Ese lugar no pertenece a ninguna religión en particular, pertenece a todos los estadounidenses y todas las religiones. Por lo tanto, pienso que podemos llegar a un buen arreglo razonable, creo que es estupendo tener mezquitas en ciudades estadounidenses. Hay un creciente número de estadounidenses musulmanes. Creo que la mayoría de esos musulmanes son moderados. Espero que tengan influencia en el islam de todo el mundo, porque el islam se quedó en el siglo XII en algunos de estos países como Irán y Afganistán, donde lapidan a las personas. Y eso puede solucionarse. Y la forma de solucionarlo no es expulsando a los musulmanes, es aceptándolos y dejando que se conviertan en estadounidenses como cualquier otro, estadounidenses que son musulmanes”.

Dean es el demócrata más destacado en oponerse al centro desde que el Líder de la Mayoría del Senado Harry Raid se pronunció en contra de dicho centro la semana pasada. El Presidente Obama dijo que apoya el derecho de los musulmanes a construir un centro en el lugar, pero se ha negado a hacer comentarios sobre si apoya el proyecto. Cuando se le preguntó acerca de sus comentarios durante una visita a Ohio el miércoles, Obama mantuvo su postura.

Un periodista preguntó: “¿Se arrepiente de algo, pasando al tema del centro islámico?”

El Presidente Obama dijo. “La respuesta es sin arrepentimientos”.

El gobierno de Obama está siendo acusado de utilizar su influencia sobre millones en ayuda de desarrollo para presionar al gobierno indio para que sea indulgente con la empresa responsable de la catástrofe de gas industrial de Bhopal en 1984, que provocó la muerte de aproximadamente 15.000 personas. Esta empresa, Union Carbide, ahora es una filial de Dow Chemical. Dow ha afrontado pedidos de que limpie el área contaminada, aumente las indemnizaciones para las víctimas y financie estudios para evaluar los daños al ambiente y la salud pública. India también exigió la extradición del ex Director Ejecutivo de Union Carbide Warren Anderson, quien huyó de ese país poco después de su arresto tras la catástrofe. En una carta a un funcionario del gobierno indio revelada recientemente, el asesor adjunto de seguridad nacional de la Casa Blanca Michael Froman aparentemente relaciona el apoyo estadounidense a los préstamos del Banco Mundial a India con la cooperación de dicho país en no ser tan severo con Dow. Froman escribió: “El tema de Dow Chemical se está divulgando mucho. Confío en que lo están monitoreando cuidadosamente. No estoy familiarizado con todos los detalles, pero considero que queremos evitar acontecimientos que provoquen el enfriamiento de nuestras relaciones de inversión”. La Casa Blanca no negó la autenticidad de estos mensajes de correo electrónicos, pero dice que considera que no hay relación entre ambos asuntos.

Nuevas cifras indican que Estados Unidos deportó a más de 393.000 ciudadanos extranjeros en 2009, una cifra sin precedentes por séptimo año consecutivo. El Departamento de Seguridad Nacional dice que poco más de la cuarta parte de los deportados había sido declarada culpable de delitos penales. El 72% de la cifra total eran inmigrantes indocumentados del país vecino México.

El Departamento de Justicia está amenazando con demandar al sheriff del Condado de Maricopa, en Arizona, Joe Arpaio si no coopera con la investigación de derechos civiles sobre si discrimina a los hispanos. La investigación comenzó el año pasado tras acusaciones generalizadas de que Arpaio había supervisado una aplicación discriminatoria de las leyes de inmigración federales. Los fiscales federales dicen que la oficina de Arpaio se negó a entregar documentos y rechazó pedidos de reunirse con los investigadores. Un gran jurado federal también está investigando si Arpaio utilizó su posición para atacar a los opositores políticos.

Y General Motors (GM), la gigante de la industria automotriz que recibió un rescate financiero, tomó medidas para vender acciones de la empresa en una oferta pública este año. El miércoles, GM presentó documentos ante los reguladores que le permitirían al gobierno estadounidense deshacerse de su participación mayoritaria. GM evitó la quiebra con un rescate financiero de 50.000 millones de dólares financiado por los contribuyentes el año pasado, lo que le dio el apodo de “Government Motors”, en alusión a la participación del gobierno.