Obama rechaza estándares de smog de EPA tras intensas presiones

Surgieron a la luz nuevos detalles acerca de las maniobras políticas que subyacen a la decisión que tomó el Presidente Obama este año de rechazar normas más duras que regulen la contaminación por smog. El periódico New York Times informa que los grupos de presión de la industria desempeñaron un rol clave en la decisión de Obama de rechazar los estándares propuestos por Lisa Jackson, administradora de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés). Teniendo en cuenta las preocupaciones de la Casa Blanca acerca de la oposición de los intereses corporativos y de los legisladores estatales, Jackson presentó una propuesta que veía como un gran compromiso, con un límite de contaminación más débil y una considerable libertad de acción para el cumplimiento. Calculando 65 cada mil millones, EPA estimó que se podrían prevenir unas 7.200 muertes, 11.000 consultas de emergencia y 38.000 casos graves de asma por año. Sin embargo, los grupos industriales desataron una intensa campaña de presión sobre legisladores y funcionarios de la Casa Blanca. R. Bruce Josten, que lidera el grupo de presión de la Cámara de Comercio, parece haber sugerido que su estrategia se basó en que convencer a la Casa Blanca era más importante que proteger la salud pública. Al describir una reunión con Jackson, Josten afirmó: “Nos escuchó, pero luego habló de lo importante que era hacerlo, del tema de los pulmones, de la cosa del asma, y eso de la salud de los niños. Sentía que era importante seguir adelante. Lo gracioso es que nadie quería decir ‘¿De verdad están pensando en implementar esto? Su jefe quiere la reelección el año que viene… esto tendrá un gran impacto negativo en la economía’.” El New York Times informa además que el jefe de gabinete de Obama, William Daley, parece haberse visto fuertemente persuadido luego de que un lobbista le mostrara un mapa en el que se observaba de qué manera la normativa respecto al smog tendría un efecto negativo sobre los intereses industriales en varios estados disponibles para las elecciones de 2012. Daley parece haber ignorado además las cifras proporcionadas por los ambientalistas, de las que surge escasa diferencia en el crecimiento de la tasa de empleo y la economía entre zonas donde se implementaron normas más duras en los estándares de ozono y aquellas en las que no.