El Presidente Barack Obama promulgó una ley que renueva tres disposiciones de la Ley Patriótica poco después de la aprobación de la medida en la Cámara de Representantes por 250 votos contra 153. Las disposiciones facultan a los funcionarios de las fuerzas de seguridad a realizar escuchas telefónicas itinerantes de las conversaciones de presuntos agentes extranjeros (denominadas “roving wiretap”, en inglés), rastrear a los “lobos solitarios” sospechosos de terrorismo que no sean ciudadanos estadounidenses y obtener determinados registros de empresas y hasta de bibliotecas. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) criticó a los legisladores por aprobar las disposiciones sin agregar las salvaguardas adecuadas de la privacidad. Las disposiciones fueron prorrogadas a pesar de la advertencia de dos senadores demócratas de que el Departamento de Justicia ha venido interpretando la Ley Patriótica en forma secreta de una forma que habilita las actividades internas de vigilancia y que muchos miembros del Congreso ni siquiera entienden. El senador demócrata por Oregon Ron Wyden, miembro del Comité de Inteligencia, acusó al gobierno de Obama de basarse en una ley secreta para ampliar la vigilancia interna.
El senador Wyden declaró: “Los estadounidenses saben que en ocasiones su gobierno llevará a cabo operaciones secretas, pero no piensan que el gobierno debería estar redactando una ley secreta. Y la razón por la que esto es tan importante para nosotros es que la ley secreta viola la confianza que el pueblo estadounidense deposita en su gobierno, y socava la confianza pública en las instituciones y organismos gubernamentales, que así ven dificultado su funcionamiento eficaz”.
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