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La nación de Bahrein, en el Golfo Pérsico, ha hecho público que 47 trabajadores de la salud que trataron a manifestantes a favor de la democracia en el marco del levantamiento popular que está teniendo lugar en el país, serán juzgados ante un tribunal militar acusados de haber realizado acciones contra el Estado. Algunos de ellos podrían ser condenados a pena de muerte por haber proporcionado asistencia médica a los manifestantes. Organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian que los arrestos son parte de una campaña de intimidación que va en contra de la Convención de Ginebra, que garantiza los cuidados médicos a cualquier persona herida en un conflicto. Hablamos con Richard Sollom, de Médicos por los Derechos Humanos (PHR, por sus siglas en inglés), que viajó recientemente a Bahrein para documentar la situación en el país, y es uno de los autores de un nuevo reportaje titulado “Do No Harm: A Call for Bahrain to End Systematic Attacks on Doctors and Patients” (No hacer daño: una petición a Bahrein para que acabe con los ataques sistemáticos a médicos y pacientes).