En Perú, miles de manifestantes contra la minería ocuparon un aeropuerto en la región sureña de Puno el sábado, un día después de que la policía antidisturbios mató a cinco activistas. Horas antes de la ocupación, el Presidente saliente Alan García revocó el permiso de la empresa de minería canadiense Bear Creek en un intento por convencer a los residentes locales de que pongan fin a las protestas que se han extendido por más de un mes. La empresa minera dijo que demandaría al gobierno peruano para volver a obtener su concesión. Grupos locales de indígenas exigieron el derecho a aprobar o rechazar las operaciones de minería en sus comunidades y denunciaron a las empresas por la contaminación. Los manifestantes dijeron que se seguirían resistiendo a la industria minera.
Una manifestante dijo: “Esa gente que ha muerto tiene familiares, tiene hijos. No es posible que esté pasando todo esto acá. Nosotros vamos a brindar nuestras vidas. No es posible que nos maten a todos nosotros simplemente por defender la contaminación del Río Ramis”.
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