Un ciudadano mexicano fue ejecutado en Texas a pesar de las objeciones generalizadas que llegaron incluso a la Casa Blanca. Humberto Leal García murió por inyección letal el jueves, poco después de que la Suprema Corte declinara considerar su caso por cinco votos contra cuatro, y el gobernador de Texas Rick Perry se rehusara a suspender la ejecución. El gobierno de Obama había solicitado un aplazamiento tras saberse que Leal nunca fue informado de que tenía derecho a comunicarse con funcionarios consulares mexicanos, según lo dispuesto por las convenciones internacionales. Leal fue condenado por haber secuestrado, violado y asesinado en 1994 a Adria Sauceda, de 16 años. Una vocera de la cárcel de Texas dijo que en sus últimas palabras, Leal pidió perdón a la familia de la víctima.
Michelle Lyons dijo: “Su última declaración fue extensa. Dijo: ‘Lamento todo lo que hice. Lastimé a mucha gente. Durante años creí que no merecía perdón de ninguna clase. Sé que Jesucristo me ha perdonado. He aceptado este perdón. He aceptado todo. Que esto sea definitivo y que se haga de una vez. Asumo plena responsabilidad por esto’”.
Como argumento para procurar un aplazamiento, la Casa Blanca afirmó que denegar el acceso a los funcionarios diplomáticos dentro del país significaba sentar un precedente violatorio de los tratados internacionales que podría poner en riesgo a los ciudadanos estadounidenses detenidos en el extranjero.
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