Un tribunal de segunda instancia de Georgia fijó la ejecución del prisionero condenado a muerte Troy Davis para el 21 de septiembre. Davis fue sentenciado por el homicidio de un oficial de policía fuera de servicio en 1989. Desde entonces, siete de los nueve testigos que no eran policías se retractaron de su testimonio, y no existe evidencia física que lo vincule a la escena del crimen. Amnistía Internacional, la NAACP (sigla en inglés de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color) y muchos otros grupos piden a la Junta de Indultos de Georgia que otorgue clemencia a Davis.
Benjamin Jealous, presidente y director general de NAACP, dijo: “Tras haber tratado cientos de casos de condenados a muerte durante los pasados veinte años, no tengo dudas de que Troy dice la verdad. Muchos otros llegaron a la misma conclusión. Pero en lo que respecta a la Junta de Indultos y Libertad Condicional, sólo necesitamos que reconozcan que existen dudas, que se trata de un caso excepcional y que deberían hacer algo excepcional y perdonar su vida”.
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