Mientras tanto, el Ejército egipcio justifica los allanamientos que llevó a cabo recientemente en las oficinas de diecisiete grupos de derechos humanos y de la sociedad civil, entre ellos tres organizaciones financiadas por el gobierno de Estados Unidos. Un funcionario egipcio de jerarquía acusó a los grupos de operar sin autorización en incumplimiento de una ley del gobierno de Mubarak. Heba Morayeff, de Human Rights Watch, criticó los allanamientos.
Morayeff expresó: “Creo que esto es reflejo del punto en que nos encontramos en este preciso momento en Egipto, se ha reducido el espacio político para las voces críticas, es lo que observamos anteriormente durante el año cuando las autoridades comenzaron a reprimir manifestaciones pacíficas, cuando empezaron a arrestar y encarcelar blogueros y luego a emplazar periodistas por insultar al Ejército, una interferencia directa de los medios de comunicación. Y por supuesto, son las ONG las que siempre siguen en la lista porque son las que han venido documentando la tortura, exponiendo los abusos y pidiendo que el Ejército enfrente su responsabilidad por ello”.
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