Un tribunal federal de apelaciones allanó el camino para una demanda presentada por activistas por la paz de Olympia, Washington, por el espionaje realizado por un informante militar de Estados Unidos que se infiltró en el grupo. Documentos desclasificados obtenidos por los grupos Estudiantes por una Sociedad Democrática y Resistencia a la Militarización de los Puertos revelaron que un hombre que todos conocían como John Jacob era de hecho John Towery, miembro del Servicio de Protección de Fuerzas en Fort Lewis. Cuando Democracy Now! divulgó la historia en 2009, uno de los activistas, Brendan Maslauskas Dunn, declaró que Towery había reconocido personalmente el espionaje.
Brendan Maslauskas Dunn dijo: “Admitió que sí, que efectivamente nos había espiado. De hecho se infiltró entre nosotros. Admitió que sí había pasado información a una red de inteligencia, que, como usted mencionó anteriormente, estaba integrada por docenas de organismos de orden público municipales, de condados, estatales y regionales, así como diversas agencias federales como el Control de Inmigración y Aduanas, la Fuerza Conjunta de Tareas Antiterroristas, el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y el Ejército en Fort Lewis”.
La exposición pública del espionaje también llevó a revelaciones acerca de la recopilación y divulgación de inteligencia sobre activistas a cargo de la Fuerza Aérea, la Policía del Capitolio federal, la Guardia Costera y la policía local y estatal. En un fallo histórico, el Tribunal de Apelaciones del 9.º Circuito dictaminó que los activistas pueden demandar a funcionarios militares por violaciones a la Primera Enmienda y espionaje ilícito.
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