Israel legalizó en forma retroactiva tres puestos de avanzada en asentamientos exclusivamente judíos en los territorios ocupados de Cisjordania, mientras que demoró la evacuación programada de un cuarto. La decisión podría tratarse de un giro aún más extremista del gobierno israelí, que ha insistido durante mucho tiempo en que tiene derecho a ampliar los asentamientos considerados ilegales en virtud del derecho internacional, pero prometió reprimir los puestos de avanzada de asentamientos ad hoc que no hayan recibido autorización del gobierno. Sharif Yassin, un residente palestino en Cisjordania cuya tierra fue confiscada para construir el asentamiento Beit El, afirmó que Israel está intentando legalizar el robo.
Yassin declaró: “Somos dueños de esta tierra. Netanyahu no nos dará está tierra a cambio de nada. Pasamos por tribunales israelíes y obtuvimos el veredicto de que la tierra es nuestra y de que pertenecía a nuestros padres y abuelos. Solíamos plantar aquí antes de que nos echaran. Yo mismo solía cultivar en esta tierra”.
En Washington, la portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, hizo una leve crítica a la nueva apropiación de asentamientos por parte del gobierno israelí: “No creemos que esto ayude al proceso y no aceptamos la legitimidad de los asentamientos”.