La Cámara de Representantes aprobó una medida controvertida denominada de “seguridad cibernética”, a pesar de que el Presidente Obama amenazó con vetarla. El jueves, 42 demócratas se sumaron a los 206 republicanos que aprobaron la Ley de Intercambio y Protección de Información Cibernética, conocida como CISPA, en una votación sorpresiva. La medida permitiría a las empresas privadas de Internet como Google, Facebook y Microsoft a entregar registros confidenciales y comunicaciones de sus usuarios a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por su sigla en inglés), el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, lo que implica la legalización de un programa de vigilancia nacional que ya está siendo desarrollado por la NSA. Quienes apoyan la medida afirman que es necesaria para ayudar a las empresas privadas a evitar que entidades extranjeras (como los gobiernos ruso y chino) realicen espionaje económico. Sin embargo, el proyecto de ley generó la oposición de los defensores de la privacidad en Internet y provocó que la Casa Blanca amenazara con vetarlo. La medida fue aprobada luego de que los legisladores aprobaran una enmienda que ampliaría considerablemente la capacidad del gobierno de utilizar la información que recopila. Michelle Anderson, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) sostuvo el jueves en Democracy Now! que el proyecto de ley socavaría seriamente los derechos de privacidad.
Michelle Richardson declaró: “La legislación actual presupone que nuestras llamadas telefónicas, correos electrónicos y registros de Internet son privados y sostiene que las empresas deben mantenerlos en privado a menos que haya una emergencia o el gobierno emita una citación formal o una orden judicial. Y de golpe, este proyecto de ley sostiene que estas leyes de privacidad simplemente ya no se aplican. Entonces, todo lo que costó que se aprobaran esas leyes, las protecciones, la transparencia del Congreso, la función de los jueces, todo eso es eliminado en un proyecto de ley y permitirá a las empresas decidir cuánta y qué tipo de información quieren entregar al gobierno”.
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