El gobierno de Obama generó controversia por tomar partido por dos ex líderes latinoamericanos en casos no relacionados que implican masacres de civiles. La Casa Blanca comunicó a Bolivia que no extraditará al ex Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada para que enfrente cargos por la matanza de manifestantes bolivianos en 2003. Al menos 64 civiles fueron asesinados y más de 400 resultaron heridos cuando el ejército boliviano reprimió protestas que desencadenaron un levantamiento contra el gobierno de Lozada. Éste fue acusado formalmente en Bolivia, pero no pudo ser juzgado porque vive exilado en Estados Unidos desde entonces. El viernes, el Presidente Boliviano Evo Morales dijo que el gobierno de Obama había rechazado la solicitud de extradición a Bolivia argumentando que un líder civil no puede ser juzgado por crímenes militares. Morales arremetió contra la decisión y calificó a Estados Unidos como “paraíso de la impunidad”.
El Presidente Morales dijo: “No es posible que digan mediante una carta, mediante una nota, desde Estados Unidos, que la sociedad civil no puede ser responsable de las acciones militares. Rechazo rotundamente, no comparto esos términos del gobierno de Estados Unidos. Y con estos pretextos tratan de cómo Estados Unidos se convierta en el refugio de los delincuentes y sea el paraíso de la impunidad. Claro, es sencillo darnos cuenta: un país que nunca respetó la soberanía de Latinoamérica podía extraditar a quienes hicieron mucho daño al pueblo boliviano pero sirviendo al imperio norteamericano”.
En otra medida, el gobierno estadounidense presentó un informe a la Justicia en la que declara que el ex Presidente mexicano Ernesto Zedillo goza de inmunidad con respecto a una demanda civil de Connecticut por presuntos crímenes de guerra. En la demanda se acusa a Zedillo de ser responsable de la masacre de la aldea de Acteal, en Chiapas, cuando grupos militares apoyados por el gobierno asesinaron a 45 personas como parte de un intento de aplastar el levantamiento zapatista. Zedillo vive ahora en Connecticut y da clases en la Universidad de Yale. Los abogados de los demandantes afirman que se verán obligados a desestimar el caso como resultado de la inmunidad de Zedillo.
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