El gobierno de Obama lanzó una investigación interna de la reciente filtración que denunció una serie de programas de vigilancia del gobierno. La Casa Blanca afirma que la investigación se centrará en los posibles perjuicios a la seguridad nacional. La medida fue anunciada en medio de nuevos intentos formales de impugnar el espionaje y el secretismo del gobierno. Un grupo bipartidista de senadores reveló una medida que desclasificaría decisiones muy importantes de tribunales que actuaron en virtud de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera. Uno de los promotores del proyecto de ley, el senador demócrata Jeff Merkley de Oregon, dijo: “Los estadounidenses merecen saber cuánta información sobre sus comunicaciones privadas el gobierno considera que puede vigilar en virtud de la ley”. Mientras tanto la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) entabló una demanda para impugnar el programa secreto que recopila los registros telefónicos de millones de estadounidenses. El abogado de la ACLU, Alex Abdo, dijo que iniciaron el juicio para poner fin a la vigilancia a gran escala.
Alex Abdo declaró: “Nos hemos dado cuenta de que la verdadera aspiración de la Agencia Nacional de Seguridad es básicamente registrar Internet, llevar un registro de cada vez que alguien dice algo a otra persona en Internet, por teléfono, a través de cualquier medio de comunicación y almacenarlo por tiempo indefinido en una base de datos del gobierno por si en algún momento en el futuro resulta importante. Esa no es la función del gobierno que establece la Constitución. Tiene todas las herramientas necesarias para combatir el terrorismo. No necesita esto”.
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