La gigante financiera JPMorgan Chase deberá pagar 2.600 millones de dólares de multa por no haber revelado sospechas de fraude en lo que resultó ser una gran operación fraudulenta de Bernard Madoff. Los principales ejecutivos de JPMorgan Chase tenían fuertes dudas con respecto a la inversión de Madoff al menos 18 meses antes de que el negocio fracasara. A pesar de las reiteradas sospechas, el banco nunca alertó a las autoridades y permitió que Madoff ingresara y retirara miles de millones de dólares de efectivo de inversores de sus cuentas bancarias de JPMorgan hasta el día de su arresto en diciembre de 2008. El Fiscal de Distrito de Nueva York, Preet Bharara, reveló el acuerdo.
Preet Bharara dijo: “La BSA es una ley que exige a las instituciones financieras, en su calidad de tales, que establezcan y mantengan programas eficaces en contra del lavado de dinero y que conozcan a sus clientes. No es un consejo, no es una sugerencia. Es un requisito legal que debe cumplirse bajo pena de sanción penal. Se presentaron las acusaciones de hoy debido a que, a este respecto, JPMorgan, como institución, fracasó gravemente. Un motivo, entre otros, por el que Madoff pudo llevar a cabo el fraude durante tanto tiempo fue que JPMorgan tenía un programa insuficiente para combatir el lavado de dinero”.
De los 2.600 millones de dólares de multa, 1.700 millones serán destinados a las víctimas de Madoff, que perdieron alrededor de 18.000 millones de dólares. Si se tiene en cuenta la sanción penal contra Madoff, JPMorgan ha pagado un total de alrededor de 20.000 millones de dólares para resolver investigaciones del Gobierno en los últimos doce meses. Se trata del último de una serie de acuerdos para diferir el encausamiento, en lugar de realizar acusaciones formales. En una declaración, el observatorio Public Citizen criticó al Departamento de Justicia, al sostener: “Este es el último ejemplo de una predilección hacia resolver mediante el uso de acuerdos para diferir el encausamiento, en lugar de emitir acusaciones. Asimismo destaca el persistente, y quizá creciente, problema de los denominados ‘demasiado grandes para encarcelar”.
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