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Por considerarlas “innecesarias e injustas”, el fiscal general Eric Holder exhortó la derogación de las leyes del estado que les prohíben votar a las personas que estuvieron presas, medida que restituiría el derecho al voto a casi seis millones de personas. El pedido de Holder es —en gran medida— simbólico, ya que el gobierno federal no puede obligar a los estados a cambiar las leyes electorales. Pero agrupaciones y defensores de derechos civiles elogiaron el pedio de Holder por considerarlo un paso crítico hacia la reforma del sistema judicial penal. Nos acompaña Desmond Meade, presidente de la agrupación Florida Rights Restoration Coalition. Meade es uno de los 1,3 millones de ciudadanos de Florida que han perdido su derecho al voto por haber sido condenado por delitos graves. Después de superar la falta de hogar y las adicciones, Meade ahora está terminando la carrera de abogacía, pero además del derecho al voto, los estatutos de Florida también le prohíben rendir el examen para ejercer la abogacía.
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