El Presidente Obama se enfrenta a crecientes solicitudes de detener sus deportaciones récord de inmigrantes indocumentados. Obama había concedido un indulto en 2012 para los jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños pequeños, pero los críticos quieren que esto se extienda a sus padres, y a todos los que serían indultados bajo la reforma migratoria propuesta que Obama ha respaldado. En declaraciones de esta semana, tres senadores demócratas que ayudaron a redactar el proyecto de ley de la reforma migratoria bipartita, Robert Menéndez de Nueva Jersey, Dick Durbin de Illinois y Chuck Schumer de Nueva York, han solicitado a Obama que detenga las deportaciones. En su intervención de la gala anual del grupo, la directora del Consejo Nacional de La Raza, Janet Murguía, llamó a Obama el “deportador en jefe” de la nación.
Murguía expresó: “Para nosotros, este Presidente ha sido el deportador en jefe. Cualquier día de estos, esta administración alcanzará las dos millones de deportaciones. Es una cifra increíble, muy superior a cualquiera de sus predecesoras y deja tras de sí una estela de devastación para las familias en todo Estados Unidos… El Presidente dice que su gobierno no tiene la autoridad para actuar por su cuenta. Todo lo que escuchamos es que ‘no’. No del Congreso. No de parte de la administración. Pero la cosa es así: no vamos a aceptar un ‘no’ por respuesta”.
En respuesta, durante un evento que tuvo lugar en el ayuntamiento, Obama se llamó a sí mismo “defensor en jefe” de la reforma migratoria integral y repitió que ha hecho todo lo que está a su alcance dentro de los límites de la ley. Los legisladores republicanos han postergado la votación de la reforma migratoria hasta después de las elecciones legislativas. Obama enfrentó además esta semana críticas por parte de los defensores de los derechos de los inmigrantes respecto a las prioridades de su presupuesto de 2015. La solicitud procura fondos para acelerar las deportaciones, extender los tribunales de inmigración y el polémico programa “comunidades seguras”, en el que los organismos policiales locales participan en las deportaciones. En un comunicado, la Red Nacional de Organizaciones de Jornaleros expresó: “El gobierno no puede esconder su propio récord detrás del extremismo republicano cuando continúa proponiendo financiar un cumplimiento de la ley extremadamente cruel”.
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