El Departamento de Justicia emitió un informe acerca de lo que califica como “deficiencias sistémicas” que inundan el Departamento de Policía de Albuquerque, en el que agentes han disparado y causado la muerte a al menos 23 personas desde el año 2010. Recientemente, dicho departamento enfrentó críticas por matar a James Boyd, un hombre sin hogar que aparentemente se estaba entregando cuando la policía abrió fuego. El informe llama a efectuar 44 modificaciones en políticas y entrenamiento, incluyendo mejores procedimientos para el trato con personas que padecen enfermedades mentales. Las conclusiones fueron transmitidas por Jocelyn Samuels, asistente adjunta del fiscal general para la división de derechos civiles del Departamento de Justicia.
Samuels dijo: “Nuestra investigación se centró en los tiroteos con intervención policial que condujeron a muertes entre 2009 y 2012, y hallamos que la mayoría de ellos no fueron razonables y violaron la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Concluimos que los oficiales utilizaron fuerza letal contra personas que no representaban una amenaza inmediata de muerte o daño grave a los funcionarios u otras personas, y también contra personas que representaban una amenaza solamente para sí mismas. De hecho, encontramos que en algunos casos la conducta de los propios funcionarios fue la que intensificó el peligro y acrecentó la necesidad de usar la fuerza”.
El informe detalla abusos que implican la utilización de pistolas taser de choque eléctrico o pistolas de aturdimiento y hace referencia a que la policía aplicó una descarga eléctrica a un hombre de 75 años de edad que se negó a abandonar una estación de ómnibus, dio una descarga eléctrica y golpeó a un hombre que padecía una discapacidad mental que le impedía hablar, aplicó una descarga eléctrica a un joven de dieciséis años de edad que se negó a tirarse al suelo porque estaba lleno de vidrios rotos y dio una descarga eléctrica a un hombre que cargaba gasolina, provocando así que se prendiera fuego.
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