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Hace cinco años, la Corte Suprema de EE.UU. emitió el fallo Citizens United contra la Comisión Federal Electoral (FEC, anulando la prohibición que pesaba sobre las grandes empresas de gastar dinero en campañas electorales. En una votación de 5 miembros contra 4, al Corte Suprema decidió que las grandes empresas son personas que tienen el mismo derecho a influir sobre la política que los votantes. Mientras tanto, muchas grandes empresas, entre ellas McDonald’s, Monsanto y Peabody Energy, citaron el principio de derechos constitucionales de las empresas en presentaciones recientes contra nuevas leyes. McDondal’s y otras franquicias iniciaron un juicio al gobierno de la ciudad de Seattle por la nueva ley que fija un salario mínimo de quince dólares la hora, al sostener que esta viola los derechos de personería de la empresa. El caso se construye sobre la base de la enmienda 14, una disposición constitucional escrita después de la Guerra Civil para proteger a los esclavos que acababan de ser liberados y asegurar igualdad de derechos para todos. Monsanto cuestiona la ley recientemente aprobada en Vermont, según la cual los productos alimenticios deben llevar etiquetas que indiquen la presencia de organismos genéticamente modificados(GMO), sobre la base de la primera enmienda constitucional, al afirmar que la ley los obliga a “hablar” contra su voluntad. Presentamos un debate sobre el movimiento destinado a elaborar un proyecto de enmienda constitucional para revertir la doctrina de los derechos constitucionales de las grandes empresas, entre dos invitados: Ron Fein, director legal de la organización Free Speech for People, y Kent Greenfield, profesor de derecho e investigador en la Facultad de Derecho de la Universidad de Boston.
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