Las autoridades hondureñas arrestaron a cuatro hombres por estar relacionados con el asesinato de la activista ambiental Berta Cáceres, quien fue baleada en su ciudad natal de La Esperanza el 3 de marzo. Cáceres había liderado durante una década la lucha contra la represa Agua Zarca, que se iba a implementar junto al río Lenca, considerado sagrado por su pueblo. El año pasado Berta ganó el prestigioso Premio Ambiental Goldman. En su vida enfrentó varias amenazas. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, celebró los arrestos.
El presidente Juan Orlando Hernández expresó: “[Las autoridades] capturaron a cuatro presuntos culpables de la muerte de nuestra conciudadana Berta Cáceres. Cuando esto ocurrió dijimos que era un golpe para el Estado de Honduras, y lo vuelvo a repetir. Quitarle la vida a Berta Cáceres es un golpe al Estado de Honduras”.
Los sospechosos incluyen a Sergio Rodríguez Orellana, gerente de Asuntos Sociales y Ambientales de DESA, la empresa responsable de la construcción de la represa de Agua Zarca, y a Douglas Geovanny Bustillo, quien trabajó para una empresa de seguridad contratada por el proyecto de la represa. Los otros dos son, al parecer, un comandante del Ejército de Honduras y un capitán retirado. La familia de Berta Cáceres solicitó una investigación independiente, ya que, según afirma, ha sido excluida de la investigación del gobierno de Honduras. En un comunicado, la familia dijo: “Debido a que se nos ha excluido del proceso de investigación desde sus inicios, no tenemos forma de calificar si las capturas realizadas son producto de diligencias exhaustivas, ni tampoco sabemos si estas comprenden la autoría intelectual en todos sus niveles. Sin embargo, la noticia de la presunta participación de militares activos y retirados, vinculados con la empresa DESA, pareciera demostrar el involucramiento de agentes estatales en el asesinato, lo cual debe ser profundizado. Esto es razón suficiente para suspender el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de manera inmediata y definitiva”.