Cruel e inconstitucional: denuncian el fallo de la Corte Suprema que aprueba la detención indefinida de inmigrantes

Reportaje28 de febrero de 2018

La Corte Suprema de EE.UU. decidió el martes que las autoridades federales pueden continuar con la detención indefinida de algunos inmigrantes y personas que buscan asilo sin una audiencia de fianza. El fallo, logrado por 5 votos contra tres, anuló los fallos de dos tribunales inferiores que consideraba que los inmigrantes que tuvieran una detención prolongada debían tener una audiencia de custodia. Pero la decisión que la Corte Suprema tomó el martes no pone fin a la batalla por la detención indefinida. Los jueces mandaron el caso de vuelta a los tribunales federales de apelación para evaluar la constitucionalidad de la práctica. La decisión del martes se produjo un día después de que la Corte Suprema asestara un golpe a los intentos del presidente Trump de anular el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) creado por Obama, que otorga permiso para vivir y trabajar en Estados Unidos a al menos 700 mil jóvenes inmigrantes. La Corte Suprema se negó a escuchar una apelación de la Casa Blanca a los fallos de los tribunales inferiores que señalaban que la decisión de Trump de cancelar el programa era inconstitucional. Para saber más de este tema hablamos con Michael Tan. Tan es abogado del Proyecto Derechos de los Inmigrantes de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles.

Transcripción
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AMY GOODMAN: Estos son algunos de los titulares de hoy. Esto es Democracy Now!, democracynow.org, el informativo de guerra y paz. Soy Amy Goodman.

AMY GOODMAN: El martes, la Corte Suprema de EE.UU. dictaminó que las autoridades federales están habilitadas para detener por tiempo indefinido a inmigrantes y solicitantes de asilo político, sin obligación de realizar una audiencia para establecer su fianza. El fallo , definido por 5 votos contra 3, anula los veredictos de dos tribunales que habían dictaminado que las y los inmigrantes en detención prolongada debían acceder a una audiencia judicial. Pero la decisión del martes de la Corte Suprema no es la última palabra en la batalla contra las detenciones indefinidas. La querella ha presentado el caso en los tribunales federales de apelación para que se evalúe la constitucionalidad del procedimiento. En la justificación del fallo de la mayoría, el juez Samuel Alito Jr. dijo: “La detención durante estos procedimientos da tiempo a los funcionarios de inmigración para determinar el estatus de un inmigrante sin correr el riesgo de que el inmigrante escape o se involucre en actividades delictivas” El juez Stephen Breyer leyó su desacuerdo desde el estrado: “Me resultaría alarmante pensar que el Congreso hubiera establecido estas normas para poner a miles de individuos en riesgo de un largo confinamiento dentro de Estados Unidos sin posibilidad de fianza”. Acompañaron al juez Breyer en su disidencia las juezas Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor. Elena Kagan se declaró incompetente en la causa. El caso, cuya nomenclatura es Jennings V. Rodríguez fue presentado por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) en nombre de un asistente dental llamado Alejandro Rodríguez, que nació en México y fue llevado a Estados Unidos cuando tenía 1 año. Estuvo recluido tres años en un centro de detención de inmigrantes sin una audiencia de fianza. La Corte Suprema recibió el caso en 2016 por primera vez y lo volvió a recibir el año pasado, cuando el juez Gorsuch ya integraba este tribunal. Tanto el gobierno de Obama como el de Trump han avalado la política de detención indefinida. El día anterior al fallo del martes, la Corte Suprema había asestado un golpe a los esfuerzos del presidente Trump para rescindir el DACA, Programa de acción diferida para las personas llegadas en la infancia, implementado por el gobierno de Obama, que habilita a por lo menos 700,000 jóvenes inmigrantes a vivir y trabajar en Estados Unidos. El tribunal rechazó la apelación de la Casa Blanca a los fallos de tribunales inferiores que dictaminaban que la decisión de Trump de cancelar el programa era inconstitucional. Para ampliar la información sobre estos fallos judiciales, nos acompaña hoy en Nueva York Michael Tan, abogado del programa de Derechos de Inmigración de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU). Bienvenido a Democracy Now!, Michael.

MICHAEL TAN: Gracias por invitarme.

AMY GOODMAN: Entonces, explícanos de qué se trata este juicio, el juicio de Rodríguez, y qué significa el fallo de la Corte.

MICHAEL TAN: Sí, claro. El de Rodríguez es un juicio contra uno de las procedimientos más crueles de nuestro sistema de detención y deportación: la práctica del gobierno de detener de forma indefinida a miles de inmigrantes en cárceles de todo el país, durante meses o incluso años, mientras se define su proceso de deportación, sin permitirles acceder a una audiencia de fianza. Esta audiencia es un procedimiento básico en el un juez determina si es realmente necesario que la persona detenida permanezca encerrada. Cotidianamente en Estados Unidos, hay miles de inmigrantes en situaciones como la de Alejandro Rodríguez, que ha vivido aquí desde que era niño, que tiene su ¨tarjeta verde¨ de residencia permanente, es asistente dental, cayó en el sistema de detención y deportación, y pasó tres años encerrado.

AMY GOODMAN: ¿Por qué lo ingresaron en el sistema si tenia su “tarjeta verde”?

MICHAEL TAN: Fue derivado desde el sistema de justicia penal. Tenía una condena por posesión de drogas y otra por manejar un vehículo robado. Y sobre esa base, el gobierno decidió pedir su deportación. Lo llevan a un centro de detención y lo dejan encerrado durante tres años sin audiencia judicial.

AMY GOODMAN: ¿Y esto cuándo sucedió?

MICHAEL TAN: Esto fue a principios de la década de 2000. Recién logró salir cuando presentó una demanda judicial, ahí el gobierno decidió liberarlo para tratar de sacárselo de encima y desestimar su participación en nuestro juicio. Luego él apeló su deportación y, cuatro años después, ganó. Así que bueno, hoy tiene su ¨tarjeta verde¨ y está viviendo en California. Son incontables las personas que están en esa misma situación. Entonces lo que buscamos con nuestro juicio es establecer el derecho básico de cada una de estas personas a tener una audiencia ante un juez, donde se analice su situación, se evalúe si hay riesgo de que se escape y se determine si es o no necesario mantenerla encerrada. Con su fallo de 2015, el Tribunal de Apelaciones del noveno circuito buscó poner fin a estas prácticas gubernamentales de detención, argumentando que las leyes de inmigración exigen que las personas inmigrantes con detenciones prolongadas accedan después de 6 meses a una audiencia de fianza. Y la Corte Suprema revirtió esa decisión ayer argumentando, como dice la justificación escrita por el juez Alito, que el Congreso de hecho autoriza la detención de las personas durante todo el tiempo que lleve su proceso de deportación. Pero la pelea no ha terminado. Ahora estamos de vuelta en el Tribunal de Apelaciones del noveno circuito litigando por la cuestión de la constitucionalidad, específicamente para que se determine si el derecho al debido proceso incluye o no este derecho básico a una audiencia de fianza.

AMY GOODMAN: Quisiera volver a las argumentaciones del año pasado, cuando el fiscal del gobierno ante la Corte Suprema, Malcolm Stewart, fue interrogado por la jueza Sonia Sotomayor.

JUEZA SONIA SOTOMAYOR: Entonces, mi pregunta es: obviamente, el funcionario toma esta determinación por su cuenta. ¿En qué otra área jurídica hemos permitido que un agente del gobierno decida por su cuenta, sin un organismo neutral que supervise esa decisión, detener a alguien por tiempo indefinido?

FISCAL MALCOM STEWART: Bueno, antes que nada, no partiría de la premisa de que es una detención por tiempo indefinido. Es cierto que no hay un límite definido en cuanto al número de días, pero se trata de una detención que depende específicamente de que se determine la calificación migratoria de…

JUEZA SONIA SOTOMAYOR: Bueno, pero eso implicaría que esa determinación del estatus migratorio se llevaría a cabo de una manera expedita; pero sabemos de hecho que en algunos casos estas determinaciones demoran años.

FISCAL MALCOLM STEWART: A veces puede llevar mucho tiempo.

AMY GOODMAN: El Fiscal Malcolm Stewart también fue interrogado por la jueza Kagan.

JUEZA ELENA KAGAN: Sr. Stewart, ¿usted basa su argumento sobre los recién ingresados, las personas que recién pasan la frontera, sobre la idea de que básicamente no tienen derechos constitucionales de ningún tipo?

FISCAL MALCOLM STEWART: Se basa en eso. Ahora bien, tenemos el…

JUEZA ELENA KAGAN: Bueno, o sea, si se basa en eso, el juez Scalia, en uno de sus dictámenes señala que eso no puede ser correcto. ¿Podríamos torturar a esa gente? ¿Podríamos obligarles a hacer trabajos forzados? Sin duda, la respuesta a eso es no. ¿Estamos de acuerdo?

FISCAL MALCOLM STEWART: Sí. Debería haber sido más preciso al decir que no tienen derechos constitucionales con respecto a la determinación de si se les permitirá o no ingresar al país.

JUEZA ELENA KAGAN: Pero entonces sí tienen algunos derechos constitucionales, a no ser torturados, a no ser sometidos a trabajos forzados. ¿Por qué no entra también en esos derechos el no ser sometidos a un confinamiento arbitrario, a una detención arbitraria?

FISCAL MALCOLM STEWART: Porque cuando llegan, o sea, si por “arbitrario” se refiere a…

JUEZA ELENA KAGAN: Arbitrario significa que no accedieron a una audiencia individualizada, por lo que no se sabe si su detención está justificada o no. Nadie tomó esa decisión. Entonces, por lo general, en nuestra… o sea, usualmente, según nuestra ley constitucional, pensamos que eso no está bien.

AMY GOODMAN: Esa era la jueza Elena Kagan en los alegatos del juicio oral. Michael Tan, ¿qué responderías a a lo que escuchamos recién en las preguntas de Sotomayor y Kagan? Sabiendo que luego Sotomayor votó en disenso con la decisión de la Corte, y Kagan se declaró incompetente, ¿qué nos podrías decir al respecto?

MICHAEL TAN: Bueno. Entonces, comencemos con el interrogatorio de la jueza Kagan: creo que sus planteos dejaron en claro cuán extrema es la postura del gobierno en este tema. Y este es el posicionamiento que había asumido el gobierno de Obama y que el gobierno de Trump también sostiene, que es que ciertos inmigrantes, en particular y principalmente las personas que solicitan asilo político, que llegan a nuestras fronteras y se presentan ante las autoridades buscando refugio en nuestro país, a los ojos del gobierno no tienen ningún derecho a un debido proceso en base a una doctrina legal llamada ¨ingreso ficticio¨. La ficción consiste en que como la detención se produce en la frontera, aunque se mantenga a la gente encerrada en suelo estadounidense, detenida por tiempo indefinido, durante meses o incluso años, se plantea la ficción de que todavía están fuera del país, justo en la frontera, y por eso la Constitución no rige para estas personas. Entonces, como señalaba la jueza, si eso es cierto, ¿podemos torturarlos? ¿Podemos ejecutarlos extrajudicialmente? ¿Podemos tirarlos al océano? O sea, la postura que está tomando el gobierno es bastante extraordinaria, realmente. Y con relacion al planteo de la jueza Sotomayor, lo cierto es que en ninguna parte nuestro sistema legal permite que el gobierno prive a alguien de su libertad durante meses, un año, cinco, diez o veinte años, sin permitirles una audiencia judicial que determine si esa persona debería o no estar encarcelada. Es totalmente extraordinario. Y ciertamente, el hecho de que una persona sea inmigrante no significa que podamos despojarla de sus derechos y tratarla de esta manera. La Jueza Kagan se declaró incompetente en este juicio después del segundo alegato. Según lo que entendemos, es porque en una etapa anterior del juicio había estado involucrada con el caso como fiscal del gobierno ante la Corte Suprema, y eso salió a la luz después del segundo alegato oral.

AMY GOODMAN: Explícanos qué significa esto, qué significa que ella estuvo involucrada como funcionaria del gobierno de Obama. ¿Cómo es eso?

MICHAEL TAN: Sí. Así es. O sea, para que quede claro, esta práctica de detención indefinida data del último gobierno de Clinton. Fue continuada por el gobierno de Bush. Se mantuvo durante el mandato de Obama, defendida por la oficina del fiscal gubernamental ante la Corte Suprema, y ciertamente, traspasada como un legado al gobierno de Trump. Y en este momento, con este gobierno que está más dedicado a encerrar inmigrantes que ningún otro, se vuele aún más importante que la gente pueda tener acceso a un proceso judicial que garantice que no se la encierre arbitrariamente. Pero bueno, se trata de un legado o algo así como… bueno, ha sido heredado al gobierno de Trump por los gobiernos anteriores.

AMY GOODMAN: ¿Está Trump batiendo récords en lo que se refiere a la detención y deportación de inmigrantes? O sea, al presidente Obama se lo llamaba “deportador en jefe”…

MICHAEL TAN: Así es.

AMY GOODMAN: … firmó más deportaciones de inmigrantes, millones de millones de inmigrantes, más que todos los presidentes de EE.UU. juntos.

MICHAEL TAN: Así es. Según entiendo, Trump no lo ha superado todavía. No ha desplazado a Obama del título “deportador en jefe”. Pero lo que nos inquieta es que estamos viendo un aumento en las detenciones y arrestos de personas dentro de Estados Unidos. Creo que la única razón por la que no ha superado los records es que las detenciones fronterizas han disminuido. Pero sin embargo, estamos viendo que se da rienda suelta a la persecución de comunidades inmigrantes ya establecidas en el país, y que ya no hay lugar para implementar algún tipo de abordaje de prioridades en la aplicación de la ley. Es una persecución extendida y aleatoria. Creo que Thomas Homan, director del Servicio de Inmigración, tiene una frase célebre, tristemente célebre, que dice: “Si estás aquí sin documentos, cometiste un crimen al cruzar la frontera, y deberías tener miedo. Mira bien por donde vas”. De modo que sí, creo que lamentablemente las cifras seguirán aumentando a medida que este gobierno siga acelerando su máquina de detenciones y deportaciones.

AMY GOODMAN: Y los datos que tienen ustedes muestran que las personas que quedan detenidas por tiempo indefinido tienen cinco veces más probabilidades de obtener el derecho legal de quedarse en Estados Unidos que quienes son detenidos en condiciones regulares.

MICHAEL TAN: Así es. Y eso es realmente una trágica ironía de esta situación. Lo que pudimos determinar, mediante el trabajo con expertos, es que las personas que aguantan un proceso de detención indefinida, que están dispuestas a quedarse en una cárcel por meses o años, son personas que están solicitando asilo político porque verdaderamente tienen miedo de ser asesinadas en sus países de origen, o personas que ya tenían sus “tarjetas verdes” de residencia permanente, como Alejandro Rodríguez, que tienen familia aqui y posibilidades de pedir asistencia migratoria y el derecho legal a permanecer en este país. Es gente que tiene incentivos reales para soportar el encierro. De modo que, como tú mencionaste, las personas que participaron en nuestra demanda colectiva, que habían estado en la cárcel como mínimo seis meses o más, por sus características tenían cinco veces más posibilidades de ganar sus juicios de deportación que otros detenidos. Entonces, esta política no es solo increíblemente inconstitucional, sino que también es cruel e irracional. Por qué estamos gastando tanto dinero de los impuestos de la gente para encerrar a inmigrantes que muy probablemente están en condiciones legales de acceder a vivir aquí en el país.

AMY GOODMAN: Quisiera que también hablemos sobre el DACA, el Programa de Acción Diferida para las personas llegadas en la infancia del gobierno de Obama, que habilita a por lo menos 700,000 inmigrantes para vivir y trabajar en Estados Unidos. El lunes, la Corte Suprema rechazó la apelación de la Casa Blanca a los fallos de tribunales inferiores que indicaban que la decision de Trump de cancelar el programa era inconstitucional. El presidente Trump criticó la decisión de la Corte Suprema.

PRESIDENTE DONALD TRUMP: Bueno, estamos tratando de hacerlo avanzar rápidamente, porque nos gustaría ayudar a los beneficiarios de DACA. Creo que todos en esta sala queremos ayudar al programa DACA. Pero la Corte Suprema acaba de dictaminar que tiene que seguir el canal normal, así es que está volviendo hacia allí. Y no habrá ninguna sorpresa. O sea, es realmente triste que cada juicio que se presenta en nuestra contra en el Tribunal de Apelaciones del noveno circuito, perdemos. Perdemos, perdemos, y luego nos va bien en la Corte Suprema. Pero ¿qué dice eso sobre nuestro sistema judicial? Es algo muy, muy triste. Entonces, DACA está volviendo a donde estaba y veremos qué pasa a partir de ahí.

AMY GOODMAN: Bueno, escuchábamos al presidente Trump. ¿Michael Tan?

MICHAEL TAN: Sí, bueno, lo que pasó con DACA fue que la Corte Suprema básicamente rechazó el intento del gobierno de Trump de saltearse el orden regular del proceso judicial. Como mencionaste, un tribunal inferior había emitido una orden judicial a nivel nacional requiriendo que el Poder Ejecutivo reactivara el programa DACA y aceptara solicitudes de renovación de las credenciales. El Ejecutivo apeló en el Tribunal de Apelaciones del noveno circuito, que es lo que regularmente se hace, pero al mismo tiempo intentó que la Corte Suprema tomara el caso de inmediato y se saltara el Tribunal de Apelaciones del noveno circuito, lo que es extraordinario, y creo que muestra de alguna manera los verdaderos sentimientos del gobierno de Trump sobre el DACA y lo dedicado que está a hacer daño a las comunidades inmigrantes. También me gustaría señalar que los comentarios del presidente sobre el Tribunal de Apelaciones del noveno circuito son muy inquietantes. Es decir, es un verdadero ataque a la independencia judicial y un insulto para una de nuestras Cortes Federales. De hecho, yo he trabajado como asistente jurídico en el Tribunal de Apelaciones del noveno circuito y son jueces que verdaderamente trabajan al servicio del bien público. Son neutrales, son inteligentes. Y es completamente injusto e indignante que un presidente en funciones insulte a los miembros del… insulte al Artículo III, al tercer poder. Es absolutamente… es terrible. Terrible.

AMY GOODMAN: El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció la semana pasada que está cambiando el enunciado de su Misión, eliminando la frase que dice que la agencia “garantiza la promesa de Estados Unidos como nación de inmigrantes”. Curiosamente, el nuevo director de dicha agencia federal, L. Francis Cissna, responsable de este cambio, es hijo de una inmigrante peruana. Entonces, Michael, ¿cómo ves que se elimine la referencia a ser una “nación de inmigrantes”?

MICHAEL TAN: Sí, bueno, en mi opinión, se trata de una medida para calmar a las fieras, para conformar a las bases del gobierno que enarbolan el nacionalismo blanco y anti-inmigrante. Y aunque cambien el enunciado de la Misión de la USCIS, el hecho es que este país es una nación de inmigrantes. Y está cambiando su composición demográfica. y deberíamos enorgullecernos de nuestra tradición inmigrante. Entonces, la agencia USCIS puede cambiar lo que dice en su sitio web y creo que eso tendrá consecuencias reales en cuanto al mensaje y las órdenes que reciban quienes trabajan en la administración y atención de la agencia. Pero en última instancia, seguimos siendo un país de inmigrantes. Deberíamos enorgullecernos de eso. Y nada de lo que diga USCIS va a poder cambiar eso.

AMY GOODMAN: Bueno, muchas gracias por habernos acompañado, Michael Tan. Abogado del Proyecto Derechos de los Inmigrantes de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU). Seguimos en Democracy Now! Después de la pausa, tendremos un debate sobre “Black Panther” la nueva superproducción cinematográfica que ya ha marcado récords de audiencia. Quédense con nosotros.


Traducido por Lissette Favorite. Editado por Verónica Gelman y Democracy Now! en Español.

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