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La orden ejecutiva del presidente Trump que pone fin a la separación de las familias en la frontera opta, en cambio, por la detención indefinida de familias enteras. La revista The Nation informa que esta política beneficiará directamente a las dos empresas penitenciarias más grandes de Estados Unidos: el grupo GEO y CoreCivic, antes conocida como Corrections Corporation of America.
Para saber más de este tema, puede ver la conversación que mantuvimos (en inglés) con Bob Libal. Libal es director ejecutivo de Grassroots Leadership, un grupo de derechos humanos y civiles con sede en Austin. Esta organización presentó una demanda judicial contra el estado de Texas porque este trató de clasificar los centros de detención de familias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas como instalaciones de “cuidado infantil”. La organización ganó, pero los centros de detención siguen funcionando sin licencia. Su nuevo artículo escrito en coautoría con Judy Greene y publicado en la revista Texas Observer se titula “It’s Time to Decriminalize Immigration” (Es hora de descriminalizar la inmigración).
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