El martes, el fiscal general del estado de Virginia Occidental presentó una demanda contra un ex obispo de alto rango y contra la diócesis católica de ese estado por “contratar intencionadamente a pedófilos”. El estado acusa a la Iglesia católica de violar una ley de protección a los consumidores al no llevar a cabo los controles de antecedentes apropiados cuando contrata a personas que trabajarán con niños en escuelas y campamentos, y por encubrir abusos sexuales. Al alegar la protección a los consumidores, el caso se tratará en la órbita civil y no en la penal, lo que según los expertos legales podría ser más exitoso, ya que las normas sobre la prescripción de los delitos sexuales son estrictas.
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