El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos planea ampliar los procedimientos de “deportación acelerada” de inmigrantes, negando potencialmente el debido proceso a cientos de miles de personas indocumentadas que viven en Estados Unidos. Este proceso permitiría la deportación sin una audiencia previa ante un juez de inmigración y se usaría contra inmigrantes que han ingresado al país en los últimos dos años. Además, se podría exigir a las personas a las que se dirige la disposición que demuestren que han estado en Estados Unidos continuamente durante más de dos años para evitar la deportación. Anteriormente, este proceso se había reservado para inmigrantes que solo habían estado en Estados Unidos durante dos semanas o menos y que habían sido detenidos a menos de 160 kilómetros de la frontera.
Los expertos legales y los defensores de los derechos de los inmigrantes advierten que la “deportación acelerada” ya es una práctica defectuosa de la que se abusa regularmente, que pone en peligro a las personas que presentan solicitudes de asilo contundentes. El Instituto de Políticas de Migración estima que cerca de 300.000 personas podrían estar sujetas a una deportación acelerada conforme con la nueva política, que entrará en vigencia de inmediato. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) y el Consejo de Inmigración de Estados Unidos han dicho que presentarán una demanda contra la iniciativa. Omar Jadwat, del Proyecto por los Derechos de los Inmigrantes de ACLU, dijo: “Según este plan ilegal, los inmigrantes que han vivido aquí durante años serían deportados mediante un debido un proceso mucho menor que el que las personas tienen que pasar en un tribunal que atiende las infracciones de tránsito”.
Inicio