En Estados Unidos, los estados de Nueva York, Connecticut y Vermont iniciaron el martes una demanda judicial para impedir la entrada en vigencia de la normativa de carga pública impuesta por Trump. La medida, anunciada por Trump la semana pasada, penaliza a los inmigrantes documentados de bajos ingresos que busquen obtener beneficios como Medicaid, cupones de alimentos y subsidios de vivienda, y permitiría que los funcionarios de inmigración negaran las tarjetas verdes de residencia permanente y las solicitudes de visa a esas personas. La demanda alega que la nueva normativa discrimina deliberadamente a latinos e inmigrantes de color y es parte de un intento continuo de “reducir la población de residentes permanentes de color en Estados Unidos”. Estas son las palabras de la fiscal general de Nueva York, Letitia James.
La fiscal general Letitia James afirmó: “La norma penaliza a los inmigrantes por el uso de programas vitales de beneficios no monetarios. Y nuevamente, estos son programas diseñados para fomentar la movilidad ascendente, promover la autosuficiencia y reducir la carencia de vivienda, la pobreza y las visitas de alto costo a la sala de emergencias”.
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