El miércoles 25 de enero, el Gobierno de Biden anunció un nuevo plan de defensa de los inquilinos cuyo objetivo es proteger sus derechos y garantizar alquileres asequibles. En Estados Unidos, los alquileres aumentaron casi un 25% entre 2019 y 2022. Además, un cuarto de todas las viviendas unifamiliares vendidas en 2021 fueron compradas por inversionistas. En esta situación, el acceso a la vivienda propia es cada vez más imposible para gran parte de la población del país y la gente se ve obligada a gastar gran parte de su dinero en alquileres con montos cada vez mayores. La inclusión de una “declaración de derechos de los inquilinos” en el plan del Gobierno para regular los alquileres y proteger a los inquilinos de prácticas depredadoras fue una demanda de las organizaciones que luchan por el acceso a una vivienda digna. Sin embargo, ahora los y las activistas denuncian que los compromisos incluidos en el documento final son débiles y no se aplican a nivel federal, mientras que los propietarios conservan su poder para fijar precios y acumular títulos de viviendas. Analizamos la crisis de acceso a la vivienda digna, los logros de las organizaciones de inquilinos y los límites del plan propuesto por Biden con Tara Raghuveer, directora de la campaña Homes Guarantee de la organización People’s Action.
Para ampliar esta información, vea (en inglés) nuestra conversación con Tara Raghuveer.
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