Los legisladores brasileños aprobaron una ley que dificulta a las comunidades indígenas presentar reclamos sobre territorios ancestrales. La ley, que anula el veto del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, establece que tales reclamos no son válidos y que los pueblos originarios solo tienen derecho a las tierras que ocupaban físicamente en 1988, año en que se firmó la Constitución actual de Brasil. Muchas comunidades indígenas fueron expulsadas de sus territorios ancestrales a lo largo de décadas, incluyendo el período de la dictadura militar.
La medida se produce tras un fallo del Supremo Tribunal Federal de Brasil, emitido en septiembre, que rechazó el marco temporal de 1988 para las reclamaciones territoriales de los pueblos indígenas. La nueva ley, que cuenta con el respaldo de poderosos cabilderos de la agroindustria, amenaza con abrir vastas porciones del territorio indígena a actividades como la tala, la minería, la agricultura y la ganadería. La diputada Célia Xakriabá formó parte de la minoría de legisladores que votaron en contra de la legislación.
Célia Xakriabá: “La derrota no es solo para nosotros, las personas indígenas. También supone una derrota para la agenda contra el cambio climático. Nosotros, los pueblos indígenas, hemos sido la solución número uno para detener la crisis climática. Y hoy el Congreso ha desechado esa solución”.
Se espera que el Supremo Tribunal Federal de Brasil revise ahora si la nueva ley es constitucional.
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