Entre las órdenes ejecutivas que el presidente Trump firmó el lunes 25 de agosto hay dos que tienen como objetivo eliminar la llamada fianza sin efectivo. La medida incluye la amenaza de recortar fondos federales destinados tanto a Washington D.C. como a otras ciudades y jurisdicciones que implementan políticas de justicia económica y racial. Antes de la eliminación de la fianza en efectivo, “los jueces ponían la cifra que les parecía y la decisión sobre si alguien salía o no de la cárcel se tomaba en base a si tenía una abuela rica o una tía rica o una novia que estaba dispuesta a pagar el dinero”, explica Sharone Mitchell, director de la Oficina del Defensor Público del Condado de Cook.
Todo esto sucede en el marco de las diatribas racistas que Trump viene lanzando contra Washington D.C. y otras ciudades con Gobiernos demócratas, a las que acusa sin fundamentos de estar padeciendo una ola de crímenes violentos al tiempo que amenaza con expandir su ocupación militar. “Soy abogado. Te puedo dar muchos argumentos jurídicos. Pero no estoy seguro de que la ley siga teniendo alguna importancia”, dice Mitchell.
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