Por Amy Goodman

Me sentía especialmente animada mientras entraba corriendo al estudio de televisión para dar comienzo a nuestro programa posterior al Gran Martes. Las informaciones iniciales de todo el país indicaban una participación de votantes sin precedentes, al menos en las elecciones primarias de los demócratas, que multiplicaba varias veces la de elecciones anteriores. Durante años hice cobertura de elecciones en países como Haití, donde la gente arriesgaba la vida para ir a votar, mientras que EE.UU. tiene uno de los índices de participación más bajos del mundo industrializado. ¿Podría ser posible que este año sea diferente?

En el camino me crucé con un amigo y le pregunté si había votado. “No puedo votar”, me dijo, “porque una vez estuve en prisión”. Le pregunté si hubiera votado de poder hacerlo. “Por supuesto que sí. Porque de ese modo no me limitaría a protestar inútilmente, estaría haciendo algo por solucionar las cosas”.

La privación del derecho al voto por la comisión de un delito es la práctica llevada a cabo por los gobiernos estatales para impedir que alguien condenado por un delito mayor pueda votar, incluso aún después de haber cumplido su condena. En Virginia y Kentucky, las personas condenadas por haber cometido cualquier tipo de delito mayor no pueden volver a votar jamás (esto incluiría a “Scooter” Libby, aunque nunca haya ido a la cárcel, a menos que se le conceda el perdón). Otros ocho estados tienen en funcionamiento leyes de privación permanente del voto por la comisión de delitos mayores, con ciertas condiciones que permiten a la gente volver a los padrones electorales: Alabama, Arizona, Delaware, Florida, Mississippi, Nevada, Tennessee y Wyoming.

La privación del derecho al voto adopta muchas formas, y tiene un impacto fundamental sobre la política electoral. En Ohio en 2004, abundaban las historias sobre máquinas de votación que no funcionaban, falta de papeletas o escasez de máquinas de votación. Además está el caso de Florida en el año 2000. Muchas personas siguen creyendo que George W. Bush obtuvo su victoria electoral gracias a Ralph Nader, que cosechó alrededor de 97.000 votos en Florida. Una cantidad diez veces superior a la de los votantes de Nader en Florida sufrió la prohibición de votar en ese estado. ¿Por qué? Actualmente, más de 1.100.000 habitantes de Florida están condenados por haber cometido delito mayor y, por lo tanto, no se les permite votar. No podemos saber con exactitud por quién habrían votado, pero según dijo recientemente la académica, abogada y activista Angela Davis en un discurso en honor del Dr. Martin Luther King Jr. en Mobile, Alabama, “Si no hubiéramos tenido en vigor la ley de privación del derecho al voto por comisión de delitos mayores, de ninguna manera George Bush estaría en la Casa Blanca”.

Dado que la privación del derecho al voto por comisión de delitos mayores afecta de manera desproporcionada en EE.UU. a los hombres de origen afroestadounidense y latino, y dado que estos grupos sociales votan mayoritariamente a los demócratas, estas leyes fortalecen la posición del Partido Republicano. Las estadísticas son estremecedoras. Ryan King, analista político del Sentencing Project en Washington, D.C., resumió los datos más recientes:

Alrededor de 5,3 millones de ciudadanos estadounidenses no tienen derecho a votar debido a la ley de privación del derecho al voto por la comisión de delitos mayores; 2 millones de ellos son afroestadounidenses. De ellos, 1,4 millones son hombres, lo que se traduce en un increíble 13 por ciento de esa población, un nivel siete veces mayor que en la población general. Cuarenta y ocho estados tienen en vigor alguna forma de privación del derecho al voto por comisión de delitos mayores. Todos prohíben votar desde prisión, también prohíben la participación electoral mientras uno se halla en libertad condicional o libertad vigilada. Dos estados, Maine y Vermont, permiten a los presos votar desde prisión, al igual que ocurre en Canadá y otra serie de países.

Los políticos y los analistas hablan con entusiasmo sobre de la masiva participación en las primarias y los caucus. Hay cada vez mayores porcentajes de mujeres que participan, y los informes iniciales indican que también hay mayor participación de jóvenes. El voto joven es especialmente importante, ya que los jóvenes tienen menos interés personal puesto en el status quo y pueden mirar con ojos nuevos las viejas injusticias que privan a tantos de sus derechos. En este contexto, vale la pena repetir uno de los pronósticos del Sentencing Project: “Dada la tasa actual de encarcelamientos, 3 de cada 10 hombres negros de la próxima generación será privada del derecho al voto en algún momento de su vida. En los estados que privan del derecho al voto a los ex delincuentes, hasta el 40 por ciento de los hombres negros podría perder de manera permanente su derecho al voto”.

Ryan King, del Sentencing Project, declaró: “Estamos presionando constantemente en todo el país para que haya un cambio de legislación. Pero la educación del público es absolutamente crucial. Hay tantas leyes distintas que la gente simplemente no sabe que se les ha restituido el derecho al voto... Esto incluye al personal que trabaja en los gobiernos estatales y que brinda información incorrecta”.

Llamé a mi amigo para decirle que estaba mal informado. Hacía años que ya no estaba en libertad condicional o en libertad vigilada. “Puedes votar”, le dije. “Solamente tienes que registrarte”. Pude oír cómo sonreía al otro lado de la línea.

Amy Goodman es la presentadora de Democracy Now! (www.democracynow.org/es), noticiero internacional
diario emitido por más de 650 emisoras de radio y TV en Estados Unidos y el mundo.
© 2008 Amy Goodman
Inglés: http://www.truthdig.com/report/item/20080206_felony_disenfranchisement/
traducido por: Ángel Domínguez y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org