Por Amy Goodman

El Presidente Barack Obama prometió un gobierno “más transparente…más creativo”. Su publicación de los memorandos sobre la tortura, y la esperada publicación por parte del Pentágono de más fotos de maltrato a detenidos, es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, aseguró a la CIA que no procesará a quienes acataron la orden de torturar que dio el gobierno de Bush. Quizá el Congreso no esté de acuerdo con esta indulgencia, ya que importantes senadores están pidiendo que se lleven a cabo investigaciones.

El Senador demócrata de Michigan, Carl Levin, es presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, y acaba de publicar un informe de 262 páginas titulado “Investigación sobre el trato a detenidos en custodia de Estados Unidos”. Levin dijo que el informe “representa una condena tanto de las políticas de interrogación del gobierno de Bush, como de los altos funcionarios del gobierno que intentaron culpar de los abusos a soldados de bajo rango. Las afirmaciones…de que los abusos a los detenidos podrían ser atribuidos a actos no autorizados de ‘algunos descarriados’ eran siplemente falsas”. El Senador demócrata de Vermont, Patrick Leahy, y la Senadora demócrata de California, Dianne Feinstein, también están proponiendo realizar investigaciones.

El interés del Senado en realizar una investigación cuenta con el apoyo en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Apoyan la iniciativa desde la Presidenta de la Cámara y diputada demócrata de California, Nancy Pelosi, hasta el Presidente del Comité Judicial de la Cámara Baja, el diputado demócrata de Michigan John Conyers, que le dijo recientemente al Huffington Post, “Vamos a ir tras ellos”.

Amrit Singh, abogada que forma parte del equipo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), dijo que las fotos del Pentágono “proporcionan una prueba visual de que el maltrato a prisioneros por parte de personal estadounidense no era una aberración sino una práctica generalizada, que se extendió mucho más allá de los muros de Abu Ghraib. Su revelación es fundamental para ayudar a la población a entender la dimensión y la escala de los abusos a prisioneros, al igual que para responsabilizar a los funcionarios de alto rango por haber autorizado o permitido dichos abusos”. La ACLU también obtuvo un fallo favorable para obtener documentos vinculados a la destrucción, por parte de la CIA, de 92 cintas de video que muestran a funcionarios aplicando técnicas severas de interrogatorio. Las cintas desaparecieron, supuestamente, pero permanecen las notas sobre el contenido de las mismas, y un juez federal ordenó su publicación.

En diciembre de 2002, cuando el programa de tortura de Bush estaba en plena vigencia, el entonces Secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, aprobó una serie de técnicas de interrogatorio severas descritas en un memorando redactado por William Hayes Segundo (uno de los llamados “Seis de Bush” que están siendo investigados por el Juez español Baltasar Garzón). Al final del memorando, debajo de su firma, Rumsfeld escribió a mano: “Yo estoy de pie de 8 a 10 horas al día. ¿Por qué el tiempo para estar de pie se limita a 4 horas?” Rumsfeld clasificó cuidadosamente la información durante sus años en el gobierno.

La población estadounidense enfrentó una crisis similar a mediados de la década del 70. Mientras se revelaba el escándalo de Watergate, aumentaban las pruebas generalizadas de la actividad ilegal llevada a cabo por el gobierno, como el espionaje a nivel nacional y la infiltración y el desmantelamiento de grupos políticos legales, en su mayoría grupos contra la guerra, en una amplia ofensiva secreta del gobierno contra quienes pensaban diferente. En respuesta, se creó el Comité Selecto del Senado para Estudiar las Operaciones del Gobierno con Respecto a Actividades de Inteligencia. Se hizo conocido como Comité Church, por su presidente, el Senador demócrata de Idaho, Frank Church. El Comité Church documentó y denunció actividades extraordinarias de la CIA y el FBI, como los intentos de la CIA de asesinar a líderes extranjeros, y el programa de contrainteligencia del FBI, COINTELPRO, que espió ampliamente a importantes líderes como, por ejemplo, al Dr. Martin Luther King Jr.

No solo las prácticas son similares, sino también las personas. Frederick A.O. Schwarz Jr., el Presidente del Consejo de Abogados del Comité Church, advirtió que dos personas durante el gobierno de Ford intentaron impedir el trabajo del comité: “Rumsfeld y luego [Dick] Cheney fueron personas que pensaron que no debería saberse nada acerca de estas operaciones secretas, y que debería haber la mayor interferencia posible”.

La viuda de Church, Bethine Church, ahora de 86 años de edad, continúa siendo muy activa en la vida política en Idaho. Fue tan activa en Washington en la década del 70 que era conocida como la “tercera senadora de Idaho”. Bethine me dijo que debe haber una investigación similar sobre lo que está sucediendo ahora: “Cuando piensas en todas las cosas que el Comité Church intentó aclarar y cuando piensas que Cheney y toda esa gente se manejó en un estado de total secreto—siempre hay algo secreto en todo lo que hacen—y que no querían que se supiera nada… Creo que la gente debe saber lo que sucedió. Y es por eso que pienso que [se necesita] un comité independiente, fuera del Congreso, que analice el problema en su totalidad y de cuenta de todo lo que sucedió”.

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Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

Amy Goodman es presentadora de “Democracy Now!”, un noticiero internacional diario de una hora de duración que se emite en más de 550 emisoras de radio y televisión en inglés y en 200 emisoras en español. En 2008 fue distinguida con el “Right Livelihood Award”, también conocido como el “Premio Nobel Alternativo”, otorgado en el Parlamento Sueco en diciembre.

© 2009 Amy Goodman

Texto en inglés traducido por Mercedes Camps y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org