Por Amy Goodman

Publicado el 18 de agosto de 2009

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Troy Davis, un prisionero sentenciado a muerte en Georgia, acaba de ganar una importante victoria contra su propia ejecución. El 17 de agosto, la Corte Suprema de Estados Unidos adoptó una resolución que obliga a un tribunal federal de Georgia a tomar en cuenta—por primera vez en un proceso judicial formal—nueva evidencia surgida luego de la condena de Davis y que podría probar su inocencia. Es la primera resolución de este tipo adoptada por la Corte Suprema de Estados Unidos en casi 50 años. Increíblemente, el máximo tribunal estadounidense nunca ha dictaminado que sea inconstitucional ejecutar a una persona inocente.

La resolución establece que el “Tribunal de Distrito deberá recibir la prueba testimonial y determinar en base a los hechos si la inocencia del demandante queda claramente establecida mediante evidencia que no podría haber sido obtenida al momento del juicio”. La Corte llegó a esa resolución ante la sorprendente cantidad de testigos que se retractaron de los testimonios brindados en el juicio que condenó a Troy, acusado de la muerte de Mark Allen MacPhail, un oficial de policía de la ciudad de Savannah, Georgia, asesinado el 19 de agosto de 1989, cuando se desempeñaba como guardia particular. Siete de los nueve testigos civiles que habían identificado a Davis como el asesino de MacPhail retiraron sus testimonios originales, algunos incluso aduciendo que dieron su declaración bajo coacción e intimidación policial. Uno de los otros dos testigos civiles, Sylvester “Redd” Coles, fue acusado a su vez por otros de ser el verdadero asesino y se cree que habría señalado a Davis para salvarse a sí mismo.

La noche en que fue asesinado, MacPhail no cumplía funciones como agente de policía sino que trabajaba como guardia de seguridad particular en un local de la cadena de comida rápida Burger King. Al advertir que un indigente recibía una golpiza en el estacionamiento del local, Davis acudió junto a otras personas a ayudar al hombre. Entre los que acudieron también estaba MacPhail, que intervino y recibió un disparo mortal de un revólver calibre 38. Más tarde, el ahora presunto asesino Sylvester “Redd” Coles se presentó en la estación de policía acompañado de un abogado e identificó a Davis como el autor del disparo. La policía montó una espectacular búsqueda para capturar a Davis, difundiendo su foto en periódicos y canales de televisión. Davis se entregó y fue llevado a juicio. A pesar de que no existían pruebas físicas que lo vincularan al crimen, fue encontrado culpable de asesinato y condenado a muerte.

Jeffrey Sapp es uno de los testigos que se desdijo y su nuevo testimonio es ilustrativo de las demás retracciones. En su declaración jurada, Sapp dijo: “La policía (…) me presionó mucho para que dijera ‘Troy dijo esto’ o ‘Troy dijo aquello’. Querían que dijera que Troy me había confesado que había matado a ese policía (…) Me dejaron muy en claro que sólo me dejarían en paz si decía lo que ellos querían oír.”

A pesar de que siete testigos se retractaron de su testimonio original, la Junta de Libertad Condicional de Georgia se ha negado a conmutar la pena de Davis. Los tribunales aducen principalmente razones procesales para negarse a considerar las pruebas. Pero los pedidos de justicia para Davis llegan de muy diversas filas, desde conservadores como el ex congresista de Georgia y fiscal Bob Barr y el ex Director del FBI William Sessions, hasta el Papa Benedicto XVI, el ex presidente estadounidense Jimmy Carter, la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (NAACP, por sus siglas en inglés) y Amnistía Internacional.

En la resolución mayoritaria de la Corte Suprema, el magistrado John Paul Stevens señaló que “el gran riesgo que supone condenar a un hombre a muerte es sin duda justificación suficiente para la realización de una audiencia de prueba”. Sin embargo, el magistrado conservador Antonin Scalia—quien junto a Clarence Thomas fue uno de los dos miembros discrepantes—manifestó que el de Davis es “un caso perdido” y que “esta Corte no ha sostenido nunca que la Constitución prohíba la ejecución de un convicto condenado en un juicio justo e íntegro por más que tras presentar un pedido de habeas corpus haya logrado convencer a un tribunal de que ‘en realidad’ es inocente.”

La ejecución de Davis ya fue programada y suspendida en tres oportunidades distintas. La última vez la suspensión llegó cuando estaba a sólo dos horas de recibir la inyección letal. Ahora finalmente tendrá su oportunidad de justicia. Con el apoyo resuelto de su hermana, Martina Correia (quien lucha también por su propia vida, víctima de un avanzado cáncer de mama), y de su sobrino de 15 años, Antone De’Jaun Correia, un joven activista por los derechos humanos, Davis bien podría vencer a la muerte. Su victoria podría dar lugar a un precedente jurídico que debería haberse sentado hace mucho tiempo en Estados Unidos: la inconstitucionalidad de ejecutar a una persona inocente.

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Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

© 2009 Amy Goodman

Texto en inglés traducido por Laura Pérez Carrara y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

Amy Goodman es la presentadora de “Democracy Now!”, un noticiero internacional diario de una hora que se emite en más de 550 emisoras de radio y televisión en inglés y en 200 emisoras en español. Es coautora del libro “Standing Up to the Madness: Ordinary Heroes in Extraordinary Times,” recientemente publicado en edición de bolsillo.