10 de febrero de 2012 — Luego de que la fundación Susan G. Komen Race for the Cure revirtiera su decisión de quitar el financiamiento a la organización de planificación familiar Planned Parenthood tras las críticas recibidas, el gobierno de Obama debería escuchar a la mayoría de los estadounidenses: Estados Unidos, incluso los católicos, apoya fuertemente los derechos reproductivos.
6–10 de febrero /2012 Los cincos mayores bancos de Estados Unidos accedieron al pago de 26.000 millones de dólares como parte de un acuerdo para resolver demandas por prácticas abusivas que dejaron a muchas personas sin hogar y contribuyeron a la crisis financiera del país.
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El año pasado, los líderes del Congreso accedieron a un pedido del presidente Bush de que se financiara una importante intensificación de las operaciones encubiertas contra Irán destinadas a desestabilizar a los líderes iraníes, según se indica en un nuevo artículo escrito por el veterano periodista de investigación Seymour Hersh para la revista New Yorker. Las operaciones estaban detalladas en una Orden Ejecutiva altamente clasificada firmada por Bush, la que, por ley, debe darse a conocer a los líderes demócratas y republicanos. El plan autorizaba fondos reservados por hasta 400 millones de dólares para actividades que van desde el apoyo a grupos disidentes hasta espiar el programa nuclear de Irán. Hersh nos acompaña desde Washington D.C.
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Los programas de acción afirmativa en al menos tres estados podrían llegar a su término en noviembre, debido a que serán sometidas a referendum una serie de medidas impulsadas por el millonario californiano y ex regente de la Universidad de California, Ward Connerly. Los estados son Arizona, Colorado y Nebraska. Los opositores de la acción afirmativa, o "discriminación positiva", también hicieron campaña en Missouri y Oklahoma pero no consiguieron reunir suficientes firmas para introducir sus iniciativas en las votaciones de los estados. Presentamos un debate sobre el tema con Jessica Peck Corry, directora ejecutiva de Colorado Civil Rights Initiative (Iniciativa por los Derechos Civiles de Colorado), y Melissa Hart, presidenta de Coloradans for Equal Opportunity (Residentes de Colorado por la Igualdad de Oportunidades).
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Colorado es uno de los estados del país en los que cientos de bomberos, paramédicos, policías e incluso empleados de empresas están siendo entrenados para localizar e informar sobre un tipo de situaciones que, en términos generales, se definen como “actividades sospechosas”. A este grupo de personas se los ha llamado Agentes de Enlace para casos de Terrorismo. Esta iniciativa respaldada por el gobierno federal los entrena para detectar “comportamientos que podrían indicar una tarea de recopilación de información de inteligencia o de realización de planes previos a una operación terrorista”.
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Mientras que Denver se prepara para la Convención Nacional Demócrata que tendrá lugar en el verano, el gobierno federal ha asignado 50 millones de dólares para gastos de seguridad relacionados con la convención. Denver hizo público que 18 millones de dólares se destinaron a la compra de equipos, pero la mayoría de los detalles siguen siendo secretos. Esto motivó a la ACLU (Unión Estadounidense para las Libertades Civiles) a presentar una demanda civil. Hablamos con el director legal de ACLU en Colorado, Mark Silverstein.
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